Por: Nuria Marín Raventós 6 septiembre, 2015

En el 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Costa Rica por no permitir la práctica de la fertilización in vitro (FIV).

El fallo, abundante en consideraciones sólidas y fundamentadas, señala que el país debe adoptar medidas para dejar sin efecto la prohibición y regular los aspectos necesarios para su puesta en marcha.

Han transcurrido casi tres años sin que la Asamblea Legislativa haya cumplido su deber de promulgar la legislación necesaria. Así ha puesto en situación de incumplimiento al Estado. Pésimo precedente, dado que siendo un país sin ejército siempre hemos colocado el derecho internacional como nuestra mejor defensa. No necesitamos soldados, necesitamos instrumentos que aboguen por el respeto a los tratados y las normas internacionales.

Como lo comentó el diputado Ronny Monge, cuando la corte de La Haya le dé la razón a Costa Rica sobre el diferendo de la isla Portillos-Calero, el gobierno vecino podría sentirse legitimado para decir que, al igual que lo hace Costa Rica con fallos como el de la FIV, ellos se reservan el derecho de honrar unas sentencias y otras no.

Además, no dudarán en tildar la sentencia de ultra petita o señalar cualquier detalle que no compartan para incumplir. De ahí que estamos sentando un pésimo precedente.

Por esta razón, debo reconocer que la decisión del Poder Ejecutivo de preparar y remitir en consulta un decreto para regular la FIV, ante la falta de respuesta del Legislativo es oportuna, justificada y valiente. Dada la inacción del Congreso, en defensa del Estado, otro órgano debe resolver la situación, pues se trata de cumplir el mandato de un órgano supranacional. Recordando a Kelsen, debemos decir está en una posición de mas alta jerarquía.

Sobre el fondo está más que justificado, porque estamos ante una actuación del ámbito privado –decidir aplicar la FIV– y por ende rigen las reglas del derecho privado: lo que no está prohibido está permitido. Más aún, la FIV no solo no está prohibida sino que su aplicación fue avalada por una Corte supranacional.

Lo doloroso de este proceso es que la FIV le es negada solo a quienes carecen de recursos económicos, quienes los tienen pueden hacerlo fuera del país. Dichosamente, esta odiosa discriminación por razones económicas será cosa del pasado. Bien hecho por el gobierno, esperamos el decreto.

(*) Nuria Marín Raventós es licenciada en Derecho por la Universidad de Costa Rica y máster en Artes liberales por Harvard University. Es cofundadora y vicepresidenta del grupo empresarial Álvarez y Marín Corporación.