Por: Eduardo Ulibarri 5 agosto, 2016

Por mucho que trato, aún no entiendo en qué se basó el fiscal adjunto contra la delincuencia organizada, Francisco Fonseca, para decir que la próxima llegada al país de 200 refugiados centroamericanos “nos enfrenta a riesgos tremendos”. La única explicación lógica es falta de información.

Sus declaraciones del martes en este periódico dan la impresión de que vamos a recibir una invasión pandillera de Guatemala, El Salvador y Honduras. Pero ocurre todo lo contrario. Quienes vendrán son seres humanos en extremo vulnerables ante la intolerancia, la violencia y el narcotráfico. Su opción no es mejorar o empeorar su situación económica, sino estar vivos o muertos, y para vivir deben salir. Lo que buscan es paz. No se trata de un problema de seguridad, como erróneamente afirma; es un severo desafío humanitario, que no debemos desdeñar, distorsionar o exagerar

Si el fiscal hubiera indagado más antes de hablar, se habría enterado de lo siguiente:

Hace un par de semanas, el gobierno de Obama decidió ajustar su política hacia los refugiados del “triángulo norte” del Istmo, para estimular un flujo más ordenado. De acuerdo con el nuevo esquema, Costa Rica aceptó abrigar a no más de 200 por plazos máximos de seis meses. Debido a los riesgos que corren en sus países de origen, es urgente sacarlos de allí mientras se procesa su ingreso a Estados Unidos u otros destinos finales. El nuestro será un refugio temporal.

El traslado y estadía serán financiados por los estadounidenses. El proceso lo manejarán el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados y la Organización Internacional de Migraciones. Migración nacional decidirá quiénes entran, y el primer grupo recibirá apoyo de la Cruz Roja y la Universidad para la Paz. De esta experiencia piloto dependerá el resto del programa.

En síntesis, los “riesgos tremendos” no existen. Y si el imperativo humanitario fuera insuficiente para actuar, hay otras razones: mejorar los nexos con EE. UU., reforzar nuestro músculo diplomático y reforzar la condición del país como ciudadano global responsable. Además, habrá beneficios económicos. El gobierno fue omiso al explicar el proyecto. Quizá por esto el fiscal se confundió y estimuló un lamentable brote alarmista. Es hora de corregir.

(*) Eduardo Ulibarri es periodista, profesor universitario y diplomático. Consultor en análisis sociopolítico y estrategias de comunicación. Exembajador de Costa Rica ante las Naciones Unidas (2010-2014).