Por: Armando González R. 6 noviembre, 2016

El chavismo entiende la legalidad como un conjunto de normas, aprobadas con más o menos formalidad –según la situación lo permita– y rigurosamente aplicables a los demás, sin distinciones de raza, credo o condición social. Para asistir al gobierno en la selectiva tarea de imponer la ley, el régimen cuenta con tribunales obsecuentes.

El andamiaje de normas aprobadas por las mayorías oficialistas de antaño para limitar la libertad de expresión es un ejemplo incuestionable. En Venezuela, existen leyes contra la falta de respeto a los gobernantes, la inexactitud al informar sobre determinadas materias y, no satisfechos con la formulación clásica de los delitos contra el honor, los legisladores dieron nacimiento a la figura de la “difamación agravada continuada”, merecedora de las comillas por su singular formulación.

Las penas de cárcel son severas, a contrapelo de la tendencia mundial a abandonar la represión penal como respuesta a las faltas de la prensa. Además, los tribunales pueden ordenar el cese de publicaciones e inhabilitar a periodistas para ejercer la profesión, cuyo contenido coincide de pleno con el ejercicio de un derecho humano fundamental –la libertad de expresión– según lo tiene establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Ningún tribunal puede impedir el ejercicio del periodismo sin lesionar la libertad de expresión. En Venezuela, eso no tiene importancia, porque el Tribunal Constitucional, obediente a los deseos del gobierno, estableció un absurdo principio que exime a Caracas de obedecer a la Corte Interamericana salvo que sus fallos armonicen con la caprichosa y cuestionable Constitución Bolivariana, interpretada a su antojo por el mismo Tribunal.

David Natera, director del Correo del Caroní, parece un inventario viviente de la aplicación de leyes abusivas. Acusado por difamación e injuria, fue sentenciado a cuatro años de prisión con prohibición de salida del país. También fue inhabilitado para ejercer la profesión, está sujeto a vigilancia y debe presentarse cada 30 días en el despacho judicial. Su periódico debe abstenerse de publicar informaciones sobre el caso de corrupción cuya denuncia desembocó en la condena.

Las leyes aplicables al ejercicio de la libertad de expresión en Venezuela constituyen un rico y poderoso arsenal, no solo contra la prensa, sino también contra cualquier ciudadano inclinado a ejercer la crítica.

En un país donde predominan los medios de comunicación oficiales, el gobierno tiene a mano la ley para aplicársela a los demás.

El autor es director de La Nación.