Por: Jorge Vargas Cullell 28 mayo, 2015

Apenas si se estrena la reforma al Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD) y ya la Asamblea Legislativa, empujada por un grupo de presión (en este caso, el sector turismo), está a punto de hacer lo que no debe: distribuir fondos por medio de una ley específica para beneficiar a un sector en especial.

Así empieza a transitar el camino seguido durante cuarenta años por otro fondo de interés social, el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf). El resultado es que hoy, antes de que ingrese al Fodesaf la plata de cada año, la mayoría de esos recursos ya están distribuidos por ley. Ello ha creado una herramienta inflexible, atada a clientelas específicas que defienden su cuota aunque no persistan las condiciones que animaron la decisión inicial. La receta de la ineficiencia pública.

Siempre es posible encontrar buenas razones para justificar la decisión de destinar recursos públicos a aliviar la situación de un sector cuando se demuestra que está compuesto por poblaciones en riesgo social, que pueden quedar en la calle.

Admitamos, incluso, solo para efectos del argumento, que el presente caso, el de las micro, pequeñas y medianas empresas turísticas (mipymes) que piden ser salvadas, no sea producto de la presión cínica de un grupo poderoso para socializar las pérdidas de sus aventuras privadas (eso sí, ojo al cristo con la cola de potenciales beneficiarios que se está formando).

La cuestión es otra: los diputados no deberían meterse a “filetear” fondos sociales para satisfacer urgencias específicas. Que en este caso la plata sea prestada en vez de donada, no cambia la cuestión (si no pagan, ¿quién asume la pérdida?). Zapatero a tus zapatos: bien hicieron en aprobar una reforma a la ley del SBD para echarla a andar. Hasta ahí.

La decisión de a quién destinar o no los fondos del SBD, y en qué condiciones, le corresponde al ente al que el mismo Congreso encargó la responsabilidad de administrar el sistema. Luego, que el Legislativo y la ciudadanía ejerzan control político sobre esa decisión.

Además del argumento elegante de la separación de poderes, adelanto otro menos sutil: prefiero un zorro en un baile de gallinas a diputados repartiendo plata ajena. Es que ¡qué curriculum tienen a la hora de salvar pobrecitos! En el pasado hasta prohijaron que el país terminara asumiendo pérdidas de grandes empresas.

Ojalá esa ley no pase y los diputados dejen al Ejecutivo resolver, en el marco de las herramientas vigentes, lo que puede hacerse. Por cierto, ¿no es que andaban preocupados por una crisis fiscal?

(*) Jorge Vargas Cullel realiza gestión de investigación y colabora como investigador en las áreas de democracia y sistemas políticos. Es Ph.D. en Ciencias Políticas y máster en Resolución alternativa de conflictos por la Universidad de Notre Dame (EE. UU.) y licenciado en Sociología por la Universidad de Costa Rica.