Por: Eduardo Ulibarri 24 febrero

Tras leer el cuidadoso informe emitido por la Defensoría de los Habitantes sobre la iniciativa para crear una Dirección de Inteligencia Estratégica Nacional (DIEN), suscribo plenamente su conclusión: por carecer de garantías eficaces para proteger los derechos civiles y políticos de la población, el proyecto debe archivarse. Lo que corresponde, tal como dice la Defensoría, es un nuevo texto, que tome en cuenta “las lecciones aprendidas a lo largo de la historia” y sea compatible con “los estándares internacionales de derechos humanos”. Tan simple y serio como esto.

El informe, además, genera dos grandes inquietudes: una, sobre los móviles del Ejecutivo para plantear semejante plan; otro, sobre el descuido (o complicidad) de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa que lo avaló y envió al Plenario, y el riesgo de que sea aprobado.

Cualquiera de las doce observaciones de fondo planteadas por la Defensoría basta para que se frene el proyecto. He aquí cinco de ellas: 1. No define, de forma taxativa y restringida, las labores de la DIEN; al contrario, por abiertas e indeterminadas, abre la puerta a posibles abusos. 2. No establece una diferencia clara entre las tareas de “inteligencia” y las de policía, lo que podría generar una estructura paralela que actúe al margen de la legalidad. 3. No delimita las actividades de recopilación de datos que puede realizar. 4. No establece mecanismos de supervisión y control eficaz a la institución ni a su dirección, a la que otorga “desconcentración máxima, cuando debería ser mínima”. 5. Crea un manto de confidencialidad sobre la información que genere la Dirección, algo contrario a la Convención Americana de Derechos Humanos.

Costa Rica necesita una agencia de inteligencia moderna y eficaz, pero también minuciosamente regulada, limitada en su ámbito y compatible con las más estrictas garantías democráticas. La Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) se volvió disfuncional y peligrosa por incumplir con esos estándares. La sustituta no debe ampliar y legitimar legalmente sus vicios.

Si esto es lo que, indebidamente, impulsa el Gobierno, corresponde a los diputados rechazarlo. ¿Por qué no lo habrán hecho ya?

(*) Eduardo Ulibarri es periodista, profesor universitario y diplomático. Consultor en análisis sociopolítico y estrategias de comunicación. Exembajador de Costa Rica ante las Naciones Unidas (2010-2014).