Por: Fernando Durán Ayanegui 30 octubre, 2016

Uno de los más interesantes hallazgos arqueológicos del siglo XXI es la ubicación de la ciudad de Heraklion (Thonis, para los egipcios), sumergida por un terremoto hace poco más de mil años. Las autoridades han impuesto a los investigadores la exigencia de que, desde la más grande hasta la más minúscula de las piezas halladas ahí, queden en su totalidad en posesión de Egipto. “Que los arqueólogos obtengan imágenes de todo, pero sin entrar en manoseos comerciales con lo que le pertenece al pueblo egipcio”, pareciera ser la consigna oficial.

En Costa Rica, un reciente reportaje dominical mostró cuán ilusos son quienes creyeron que una buena legislación y el buen desempeño de las autoridades obligadas a aplicarla prácticamente habían acabado con el tráfico ilegal de piezas arqueológicas pertenecientes a nuestro patrimonio histórico-cultural. Los ya entrados en años, que decimos haberlo visto casi todo, sabíamos, sin necesidad de preguntarle a la Policía, historias sobre el asunto y recordábamos a grandes y pequeños personajes que se dedicaron a ese, el primer deporte profesional practicado en el país.

Conservábamos unos breves apuntes a propósito del informe que un reputado arqueólogo europeo le presentó, a principios del siglo XX, al Museo Carnegie de Pittsburgh, Estados Unidos, sobre lo que en nuestro tiempo podría considerarse un par de correrías arqueológicas –científicas, pero correrías al fin–, y un ostentoso saqueo de nuestro patrimonio cultural que quedó repartido básicamente entre el Real Museo Arqueológico de Estocolmo y el mencionado museo norteamericano. La primera de esas expediciones (1896-1899) cubrió también El Salvador y Guatemala, y la segunda (1903) se dedicó exclusivamente a nuestro territorio, en especial a una zona de la península de Nicoya conocida como Las Huacas, donde fueron saqueadas no pocas tumbas aborígenes. Todavía nos recordamos boquiabiertos ante las bellas fotografías de objetos en piedra –varios en jade– que aparecen en el informe, publicado en 1907.

Como otros despojos del mismo jaez, realizados en nombre de la ciencia, este parece haber contado con la complacencia y la ayuda de autoridades y académicos locales. Aun cuando, al precio de tener que desplazarse hasta aquellas lejanas ciudades, los científicos costarricenses tienen acceso a las valiosas piezas sustraídas de nuestro patrimonio, el añejo informe, unido al reportaje reciente, viene a confirmar que poco o nada ha cambiado.