La violación del derecho a la intimidad es siempre grave, pero, cuando se origina dentro de un órgano policial, como lo fue el uso de la llamada “Plataforma de Información Policial” en el reciente caso que involucra al portero Keylor Navas y a sus hermanas, debe ser motivo de preocupación y de una férrea reacción de parte de las más altas autoridades del Poder Judicial.
Se trata de una grave violación de los derechos del jugador, que están debidamente resguardados por el numeral 24 de la Constitución Política, que claramente protege el derecho a la intimidad de las personas. Gracias a este derecho esencial, nuestra privacidad, datos personales, imagen, documentos y comunicaciones gozan de protección, que solo puede ser levantada, si media una orden judicial, y solo en casos excepcionales.
Pareciera que, en este caso, pudo más la curiosidad –esa debilidad del fisgoneo muy bien representada por Samuel Rovinski en su obra Las fisgonas de Paso Ancho – que el resguardo del derecho constitucional de todos los costarricenses.
El hecho se agrava, si tomamos en cuenta que son varios los funcionarios que cayeron en tentación, incluidos investigadores y hasta fiscales, y que esta peligrosa fuga de información en otros países es aprovechada por los tentáculos del narcotráfico.
Si la vergüenza nacional no fuera suficiente, la internacional debe serlo, ya que esta lamentable noticia le ha dado la vuelta al mundo. Gracias al merecido protagonismo de Navas, engalanado, además, por su reciente reconocimiento como el mejor portero de la liga española durante la temporada 2013-2014, nuestra centenaria democracia es desnudada y expuesta ante el mundo, mostrándonos con una de nuestras más grises caras.
Lo positivo de lo sucedido es la inmediata reacción del Poder Judicial: su presidenta, Zarela Villanueva, anunció que se realizará una investigación y no se dudará en sancionar a los responsables. Asimismo, por otra parte, en la Asamblea Legislativa ya se adelantó que se investigará el caso, en defensa de los derechos de las personas.
Lo triste es que este no es el primer caso ni en la única materia. Ya en el pasado trascendió información tributaria de funcionarios públicos, incluso de uno de sus directores, y un dirigente sindical se dio el lujo de convocar a la prensa al acto de notificación de un traslado tributario a un candidato presidencial, cargos que, por cierto, resultaron falsos al estar basados en hechos incorrectos.
En la era de la alta tecnología, en la que es tan sencillo convertir en viral, mediante las redes sociales, cualquier información, se debe tener mucho más celo en esta materia.
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