Por: Armando González R. 11 enero, 2015

Las objeciones a la reforma laboral, convertida en ley mediante el levantamiento de un veto, están lejos de ser resueltas. El decreto prometido, primero para prohibir y luego para delimitar las huelgas en los servicios públicos esenciales, nunca se produjo. Carecía de sentido, porque no podría anular la autorización contenida en la nueva ley.

Al final, el Gobierno emitió un decreto, no para reglamentar la nueva ley, sino la vigente. La reforma tardará año y medio para cobrar vigencia, si supera los cuestionamientos planteados ante la Sala IV por un grupo de diputados. Hasta entonces, rige la ley de siempre, cuyo artículo 375 prohíbe la huelga en los servicios públicos.

El comunicado de prensa difundido para anunciar la emisión del decreto lo admite de entrada: “La huelga en los servicios públicos esenciales está prohibida en el artículo 375 del Código de Trabajo vigente, pero esta norma no ha impedido que se realicen sin que exista ninguna regulación que evite la suspensión de los servicios públicos. Por esta razón, el Gobierno emitió el Decreto Ejecutivo N° 38767-MP-MTSS-MJ, que detalla los servicios incluidos en esa prohibición y el procedimiento que deben seguir los jerarcas de las instituciones para garantizar la continuidad de los servicios”.

Es decir, la ley prohíbe las huelgas en los servicios públicos, pero, como de todas maneras ocurren, el Gobierno decidió regularlas. El decreto reglamenta, pues, una actividad ilegal según el Código vigente y no la legalización de las huelgas establecida en la legislación futura. Pero un decreto tiene poco sentido en cualquiera de los dos casos. Si es para impedir las huelgas autorizadas por la nueva legislación o para permitir la contratación de trabajadores sustitutos, chocaría con la imposibilidad de modificar una ley mediante decreto. Si es para regular las huelgas prohibidas por la normativa vigente, resulta, cuando menos, redundante.

El decreto define los servicios públicos esenciales, según la interpretación gubernamental de la jurisprudencia. Define, pues, lo que ya está definido por los tribunales y lo que estos seguirán definiendo, si la interpretación incorporada al decreto llegara a chocar con el criterio de los jueces.

Luego, establece un procedimiento que apenas complementa la legislación vigente, orientando a los jerarcas sobre los pasos a seguir frente a una huelga en los servicios públicos esenciales. La futura normativa queda intacta, salvo por la promesa de incluirle las disposiciones del decreto mediante otra enmienda legislativa cuya factibilidad está en veremos y, de todas formas, no satisfaría las objeciones.

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