Por: Jorge Guardia 6 octubre, 2015

Tres estudiosos de la economía –Luis Mesalles, Miguel Gutiérrez-Saxe y Juan Carlos Hidalgo– nos deleitan con un encendido debate sobre inflación. Yo quiero agregar algunas glosas propias y ajenas a lo que promete ser un edificante intercambio.

Días atrás sugerí aprovechar la favorable coyuntura actual para reducir gradualmente las metas de inflación hasta igualarlas con las de nuestros principales socios comerciales (2%). Carlos Blanco Odio, otro reconocido economista, propuso algo similar el 21 de agosto en La Nación.

Partimos de varias premisas: una, la inflación mundial ha bajado; son los vientos que corren y no debemos quedar rezagados mientras otros abordan el tren del progreso. Otra, la baja inflación facilita el cálculo económico, genera confianza y estimula la inversión, contribuye a inmunizar la economía real de la apreciación cambiaria y –lo más importante– protege los salarios del impuesto inflacionario.

La tercera es más técnica. Bajar las metas de inflación a un 3% y, luego, a un 2% anual no implica que el BCCR deba permanecer indiferente al crecimiento y empleo. La teoría y práctica mundial (EE. UU., Japón y UE) coinciden en consentir más liquidez en casos de una brecha del producto, sin comprometer las metas de inflación. Por eso apoyé al Central en su afán por bajar tasas y, ahora, al Banco Nacional.

La cuarta riñe (en parte) con la tercera. Se nutre de la polémica mundial, aún insoluta, sobre la disyuntiva entre inflación y desempleo ( trade off ). ¿Es realmente eficaz disparar los precios para generar más empleo? Aunque a corto plazo se pueda cebar la demanda agregada para avivar el consumo, como propuesta permanente es insostenible. Y es políticamente riesgosa. (Si don Luis Guillermo se despojara de la estabilidad –su logro más tangible– en aras de un crecimiento real etéreo y un desempleo aún más elusivo, podría quedarse chingo. ¡Imagínense!)

La quinta es la madre del cordero. El programa macro no contempla bajar la meta de inflación del 4%: “En ausencia de medidas que procuren solucionar el problema estructural de las finanzas públicas, la presión futura del financiamiento del déficit hace poco viable adoptar una meta de inflación en umbrales inferiores”.

Caben dos inferencias: una, como una juiciosa instancia al Gobierno y al Congreso para abrazar un acuerdo fiscal; otra, que a partir de ese nivel la política monetaria se vuelve acomodaticia y financia con inflación el déficit. Yo me inclino por la primera. Pero creo que debe discutirse más a fondo ese punto crucial, por el bien del país.

(*) Jorge Guardia es abogado y economista. Fue presidente del Banco Central y consejero en el Fondo Monetario Internacional. Es, además, profesor de Economía y Derecho Económico en la Universidad de Costa Rica.