El régimen de pensiones más importante del país, con 238.644 jubilados y 1,4 millones de cotizantes, podría caer en la insolvencia en apenas una década. Si se cumple el pronóstico menos favorable del último estudio actuarial de Invalidez, Vejez y Muerte, el sistema sería incapaz de pagar beneficios y gastos de operación en el 2027.
El presidente de la República mantiene la calma. El IVM no está crisis, afirma, aunque podría caer en esa condición si los correctivos no se adoptan con prontitud. El mandatario no definió la premura. Solo precisó la necesidad de iniciar un diálogo. Esa sugerencia casi siempre pasa por buen consejo, salvo cuando arde el techo, pero el presidente no ve las llamas, solo un debate “feo”, porque la alternativa es trabajar más años o elevar las cotizaciones. También está la posibilidad de reducir las pensiones.
Los tres cursos de acción fueron mencionados por los actuarios y el problema no se resolverá con la adopción de uno solo. La edad de jubilación se elevará, no a 70 años, pero sí bastante. Las cotizaciones subirán, no al 26,4% del salario del trabajador, pero sí a un porcentaje considerable. Y el monto de los beneficios se reducirá, como ha venido sucediendo desde hace muchos años, pero con mayor prontitud.
Esa es una crisis y pudo haberse atenuado si las autoridades hubieran actuado a tiempo. Las advertencias están hechas desde hace más de una década, el mismo lapso de vida con que cuenta el IVM en las condiciones vigentes. El “feo” debate solo podrá desembocar en una combinación de correctivos, todos impopulares y costosos para las finanzas públicas y empresariales.
La Caja Costarricense de Seguro Social, a cuya pésima gestión atribuyen la crisis los expertos de la Universidad de Costa Rica, definió mejor lo que debe entenderse por premura. En marzo comenzará un diálogo nacional cuya duración podría ser de ocho meses. Los tamales del año entrante se servirán, humeantes, a nueve años de la insolvencia del régimen de jubilaciones que garantiza dignidad en la vejez a todo costarricense carente de los privilegios que la burocracia se ha recetado a sí misma.
Pocos meses después de finalizado el diálogo, terminará, también, la administración Solís, que no tendrá tiempo para aplicar las “feas” medidas correctivas. Por lo pronto, no hay prisa ni crisis que la justifique, como tampoco las había hace diez años, cuando la Superintendencia de Pensiones anunciaba el advenimiento de estos días.
Armando González es director de La Nación.