Por: Armando González R. 26 julio, 2015

La relación entre los excesos salariales de la Universidad de Costa Rica y la evasión fiscal es, cuando menos, muy remota. No obstante, el incumplimiento de los requerimientos del fisco se utiliza como instrumento para defender los privilegios de la planilla universitaria.

La evasión fiscal es un problema grave y guarda directa relación con el déficit presupuestario. Ningún país ha logrado eliminarla, pero muchos han demostrado la posibilidad de meterla en cintura. Debemos hacer cuanto esté al alcance para conseguirlo, pero no podemos gastar como si ya lo hubiéramos logrado.

El presupuesto de la Universidad, así como el de cualquier otro programa o institución, no puede fundarse en los ingresos que tendría el Estado si la evasión se reduce. Eso sería un suicidio fiscal acelerado, no paulatino, como lo estamos cometiendo en la actualidad.

Los presupuestos deben fundarse en los ingresos reales. Sugerir lo contrario es vivir en una realidad paralela, no en la nuestra. La evasión es parte integral de la realidad fiscal costarricense. Impone límites injustos y censurables, mas no por ello menos reales. Irrespetarlos es gastar lo que no tenemos y por esa ruta el único destino es la quiebra. Ni la Universidad ni nadie pueden sustraerse de esa condición.

Pero, si por un momento subimos a la torre de marfil para imaginar la más drástica caída en la evasión fiscal, ¿por qué habríamos de dedicar los ingresos adicionales a financiar salarios y privilegios totalmente divorciados de la realidad nacional?

En un país con tantas necesidades, ¿es de verdad prioritario incrementar el salario promedio de ¢1.057.526 asignado a los oficiales de seguridad y tránsito en la Universidad, que es mucho más de los ¢600.000 pagados a los mismos trabajadores en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes? ¿No sería más racional aumentar el número de oficiales en las calles para poner freno a las causas de nuestra alta siniestralidad?

Los ejemplos son muchos, tantos como nuestro extenso inventario de necesidades. Este año, mientras se asignaba a las universidades un enorme presupuesto, el Ministerio de Educación Pública recortaba ¢2.000 millones a la Fundación Omar Dengo y dejaba sin computadoras a 670 escuelas, la mayoría rurales y muchas unidocentes. Las computadoras, al parecer, no pudieron ser adquiridas con los recursos que habrían ingresado a las arcas del Estado si no existiera evasión fiscal.