Por: Armando González R. 19 agosto

El Consejo Nacional de Concesiones estudia la ampliación de la carretera a Caldera desde el 2014. Estamos lejos de una resolución. Mientras tanto, los costos suben tanto como la frustración de los conductores. No hay recursos para financiar la obra sin ampliar la concesión.

El fideicomiso de la vía a San Ramón está en veremos y, de cualquier forma, hay un límite a la cantidad de obras ejecutables mediante esa figura. Si en las arcas del Estado no hay dinero para ampliar la ruta 27 y la figura del fideicomiso está lejos de dar frutos, solo hay dos caminos: la concesión o la resignación.

La carretera a Caldera es blanco de múltiples críticas, pero muchas se le achacan a la concesión cuando el problema es del diseño y las décadas transcurridas entre la concepción del proyecto y su ejecución. Durante muchos años, la vía tuvo puentes, pero entre ellos solo había potreros y selvas. El día de la inauguración a nadie le quedó duda de la insuficiencia de la obra. El inmediato congestionamiento, producto del diseño para otra época y no de la concesión, desató un diluvio de críticas.

La actual concesionaria propone seis carriles, tres en cada sentido, desde La Sabana hasta Ciudad Colón y cuatro desde ahí hasta Orotina. En el resto de la autopista hasta Caldera no existe una saturación capaz de justificar una ampliación. La obra plantea dificultades, dadas las características del terreno, especialmente en el tramo entre Ciudad Colón y Orotina, pero hay diversas formas de superar los obstáculos y todas están bajo estudio del Consejo Nacional de Concesiones.

Pero la barrera más formidable es el prejuicio alimentado por la demagogia. Las concesiones, muy comunes en el resto del planeta, son tabú en Costa Rica, donde nos sentimos más cómodos si el Estado contrata empresas igualmente privadas para hacer obras financiadas por el erario, casi siempre mediante endeudamiento.

En poco nos estorba, por ejemplo, el precio final de la punta norte de la carretera a San Carlos, tres veces superior a la suma proyectada, con la mayor parte de ese costo adjudicado sin licitación. Lo importante, al parecer, es impedir el pago paulatino de la obra por sus usuarios mediante el peaje.

El fideicomiso de la vía a San Ramón operaría de la misma forma y, al parecer, el peaje sería todavía más elevado, pero no hay experiencia con ese esquema de financiamiento y existe la ilusión de que abarataría las obras. No es cierto y ojalá no esperemos a constatarlo para tomar decisiones en la ruta 27.

Armando González es director de La Nación.