Por: Luis Mesalles 21 julio

La situación fiscal, el empleo y el costo de servicios públicos son tres temas que me parece serán fundamentales durante la campaña política que está empezando. Para resolverlos, los políticos suelen prometer que pondrán a las instituciones públicas al servicio de los ciudadanos. Sin embargo, lo que suele suceder es lo contrario, que las instituciones, y quienes las forman, se sirven de los ciudadanos.

El gobierno actual ha tomado la ruta de proponer más impuestos para resolver el problema fiscal. Es difícil que la gente acepte pagar más impuestos, mientras tenga la percepción de que quienes manejan las instituciones públicas –políticos y empleados– utilizan los escasos recursos para servirse ellos.

El gobierno no ha impulsado con fuerza una reforma al empleo público que ligue los ingresos de los funcionarios con la eficiencia, la calidad y la excelencia en el servicio. Si la percepción fuera que los políticos y funcionarios sí están realmente al servicio de la ciudadanía, tal vez la gente pagaría los impuestos con menos disgusto.

La mejor manera de reducir el desempleo es a través de la educación. Cuando observamos que matemáticas e inglés son las materias que más reprueban los estudiantes en sus exámenes de bachillerato, claramente hay un problema. Siendo estas materias claves para mejorar la empleabilidad de los jóvenes en la economía de hoy, los exámenes deberían servir de base para identificar que está mal en la institucionalidad del Ministerio de Educación (MEP), para así proponer medidas de mejora de la calidad de educación que reciben los muchachos.

El costo de los servicios públicos está íntimamente relacionado con cómo se calculan las tarifas. Aunque la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) hace un esfuerzo por limitar la aprobación de gastos considerados innecesarios, la verdad es que la metodología de “al costo” está hecha bajo la premisa de que la institución debe sobrevivir a largo plazo. No importa si fue eficiente o diligente en el uso de los recursos.

Ante la ola de aumentos desmedidos que vienen en tarifas, ICE, CNFL, Recope y AyA han reaccionado aumentando su gasto en publicidad. Supuestamente lo hacen para rendir cuentas, pero en realidad tratan de justificar su existencia, para con ello mantener los privilegios. El gobierno, en lugar de defender a los ciudadanos, apoya a las instituciones pagando parte de la publicidad.

De nuevo, el ciudadano relegado a un segundo plano.