Por: Armando González R. 12 enero, 2014

José María Villalta, candidato presidencial del Frente Amplio, propone eliminar el tope de cesantía para todos los trabajadores, independientemente de su pertenencia al sector público o al privado. La iniciativa afectaría gravemente las finanzas públicas, cuya definitiva crisis es una posibilidad real, aun en ausencia de nuevas y dispendiosas concesiones a la mimada planilla del Estado.

Es el peor momento para plantear semejante derroche. Quizá por eso, el candidato dio marcha atrás el lunes, cuando José Manuel Echandi, del Partido Unión Nacional, inquirió sobre los efectos de la propuesta durante el debate organizado por el Tribunal Supremo de Elecciones.

La categórica afirmación de la iniciativa en el programa de gobierno del Frente Amplio y el inequívoco anuncio hecho por Villalta al lanzar su candidatura, se transformaron en una mera intención de someter la idea a discusión. Es un extraño planteamiento programático y contradice el texto del plan de gobierno, así como las anteriores declaraciones del candidato, pero, aceptada la propuesta en los términos más recientes, es importante incluir a otras víctimas en el debate, porque no solo el Estado se vería afectado.

En primer término, la ruptura del tope de cesantía y la desvinculación entre el pago y la causal de despido es una de las grandes ventajas del Movimiento Solidarista. La mayor parte de las empresas del sistema pagan, mes a mes, el monto correspondiente a la cesantía y se despreocupan de la acumulación del pasivo laboral. Para esas empresas, entre las cuales se cuentan las principales del país, la ruptura del tope no es una amenaza.

En cambio, la propuesta del Frente Amplio sí amenaza el desarrollo futuro del solidarismo, restándole uno de sus principales incentivos. Si todo se redujera al pago de la cesantía, el motivo de preocupación sería menor, pero el solidarismo aprovecha los fondos depositados por patronos y trabajadores para ofrecer una amplísima gama de servicios. Las asociaciones adscritas al Movimiento han dotado de casa a 20.000 personas, por ejemplo. Nunca ha sido santo de la devoción de la izquierda radical, pero el solidarismo goza de amplia aceptación, al punto de agrupar a 1.800 empresas y 700.000 trabajadores.

Además del Estado, la principal afectada por el rompimiento del tope sería, entonces, la pequeña y mediana empresa (pymes), cuyo pasivo laboral aumentaría sin límite, salvo que añada a sus costos la previsión mensual de la cesantía. La reacción más lógica de ese sector es limitar sus contrataciones, una verdadera contradicción para un partido que cifra sus esperanzas de empleo y desarrollo económico en la expansión de las pymes.