Por: Juan Carlos Hidalgo 26 septiembre, 2016

Si vemos con cuidado la fotografía de la reciente visita de Luis Guillermo Solís a la Casa Blanca, algo resulta bastante desconcertante. Ahí, frente al presidente Obama y el vicepresidente Biden estaban, en ese orden, el embajador de Costa Rica en Washington, el ministro de Relaciones Exteriores, el presidente de la República, el ministro de la Presidencia… y el director de la DIS. ¿Qué hacía Mariano Figueres en un encuentro diplomático de ese calibre?

Si bien en dicha reunión se concretó una donación de equipos para que Costa Rica siga librando la irremediablemente fallida guerra contra las drogas, lo apropiado hubiera sido que el ministro de Seguridad ocupara dicha silla, y no el director del servicio de inteligencia. La imagen ilustra el grado de poder que ha acumulado la DIS bajo el gobierno de un PAC que por muchos años –y en campaña– prometió disolverla.

Pero el presidente Solís no solo incumplió su promesa, sino que ahora impulsa una reforma legal a dicho “órgano informativo” –¿habrase visto mayor eufemismo?– que le daría más poderes y acentuaría su naturaleza de policía política. El proyecto de ley transforma a la DIS –cuyo presupuesto para el próximo año es de ¢3.264 millones– en la Dirección de Inteligencia Estratégica Nacional (DIEN), dentro de cuyas facultades ampliadas estaría la de poder declarar secretas sus investigaciones hasta por 20 años.

Sin embargo, la reforma más preocupante es la que autoriza a la DIEN a interceptar conversaciones telefónicas y comunicaciones privadas de datos en “el marco de procedimientos judiciales establecidos para estos efectos”. La trampa radica en que actualmente la DIS no cuenta con facultad legal alguna –medie juez o no– para espiar ese tipo de comunicaciones. Eso es prerrogativa exclusiva del Poder Judicial y una Policía adscrita a la Presidencia no tiene nada que hacer ahí.

Por eso lleva razón la defensora de los habitantes al afirmar que este proyecto de ley es una amenaza a las libertades civiles, ya que legaliza el espionaje político y restringe el derecho de acceso a la información. Su advertencia contrasta con el silencio sepulcral de gran parte de la izquierda criolla, que por muchos años veía en la DIS a su bête noire pero ahora parece no incomodarle la expansión de sus poderes.

Así como Costa Rica no necesita fuerzas armadas, tampoco se justifica tener un servicio de inteligencia. La única reforma aceptable para la DIS es la que le ponga un candado definitivo.