EscucharEl Ministerio de Justicia, en la administración anterior, realizó un importante esfuerzo para dar a conocer el alarmante hacinamiento en el sistema penitenciario, en la búsqueda de apoyo de aliados estratégicos.
En la presente administración, extrañamente, se negaron a entregar información, y argumentaron que hacerla pública podría poner en riesgo a los funcionarios, a los privados de libertad y la seguridad nacional.
La Sala Constitucional rechazó tal razonamiento y luego de esto se pudieron conocer las condiciones de sobrepoblación y hacinamiento en el que se encuentran nuestras cárceles, un grave problema que abordé en el 2013 en mi columna “El sistema penitenciario”.
Lo penitenciario sigue siendo el eslabón débil en el abordaje de la seguridad, pues importantes reformas judiciales, como el procedimiento abreviado en casos de flagrancia y el aumento en número y eficiencia de policías y jueces, no fueron acompañadas de recursos que prepararan al sistema para atender el crecimiento de la población carcelaria.
Costa Rica pasó de tener un sistema penitenciario modelo en la región, a otro carente de recursos financieros y humanos, tecnología e infraestructura y, muy preocupante, cada vez más lejos de la tutela de los derechos humanos.
El centro Zurquí, responsable de la población de adultos jóvenes, continúa siendo un serio referente de las debilidades del sistema, al contar con niveles de hacinamiento del 216% y condiciones que riñen con la dignidad humana.
Querer ocultar la situación de nuestras cárceles o postergar la toma de medidas adecuadas para buscar la positiva reinserción a la sociedad de estos jóvenes, es una peligrosísima omisión.
Debe evitarse que en Costa Rica suceda lo que ha pasado en otros países de la región, en donde los años carcelarios se convierten en universidades del crimen, semilleros del odio y articulación de peligrosas redes criminales.
Los centros penitenciarios merecen recursos y atención, pero dos especialmente: el Zurquí, como lo dije, porque se trata de menores de edad y jóvenes adultos, y el Buen Pastor, donde hay embarazadas y niños que viven con sus madres.
Si bien las personas detenidas cometieron un error, todas merecen condiciones dignas y respeto a sus derechos humanos en un sistema que les dé herramientas que les faciliten una segunda oportunidad.
