Por: Jorge Vargas Cullell 3 noviembre, 2016

Recuerden esta fecha: 3 de setiembre del 2007. Ese día se iniciaron las obras de ampliación del canal de Panamá, que costaron no menos de $5.600 millones (más unos $2.000 millones que las empresas reclaman). Digamos, para cerrar en alguna cifra, que costarán $6.000 millones, casi una octava parte de toda la economía tica. Pues bien, el 26 de junio del 2016, ocho años y nueve meses después (3.219 días para ser exacto), se inauguró el canal ampliado.

Hagan memoria y recuerden esta fecha: 22 de agosto del 2009. Ese día se inician las obras del puente de “la platina” en la General Cañas y el Conavi cierra el paso durante 12 horas para repararlo. Al día de hoy, han pasado siete años y dos meses (2.629 días) … y sigan contando, pues el puente no está listo. Han pasado tres gobiernos y como dice la canción del Club Sport Herediano, “ninguno pudo con él”.

Supongamos, para ser optimistas, que esta vez se logra terminar el proyecto y el 15 de febrero del 2017 se inaugura un puente ampliado a seis carriles; supongamos, además, y esto es un bateo, que al final el gobierno haya metido unos $30 millones desde que empezó el problema. ¿Hicieron ya las matemáticas? Dan mucha pena ajena: la inversión en “la platina” fue 200 veces menor que la del canal de Panamá, pero el MOPT habría tardado el 85% del tiempo empleado por los panameños en resolver una obra compleja de la ingeniería moderna.

Como no ha podido gestionar un puente, propongo al MOPT gestionar una cuidadosa política de excusas. Iniciar con: “Cualquiera abre una zanja como en Panamá, lo difícil es hacer un puente en una zona sísmica en la que convergen placas tectónicas”. Seguir con: “Nos llovió mucho y eso jodió el concreto”. Busque un culpable: “La culpa es del contratista”. Finalmente, suba la apuesta: “Tardamos más porque haremos el mejor puente del mundo”.

Ya en serio: tenemos buenos ingenieros y empresas, varias de ellas con grandes proyectos en otros países (incluida la ampliación del canal). Ahí no está el asunto. Los problemas son dos: por una parte, el MOPT, el Conavi y su comprobada incapacidad de gestión pública; por otra, una gran cáscara por parte de los funcionarios responsables que ni se inmutan ante el fracaso. Están en zona de confort. Sale más barato al país pensionarlos juvenilmente que tenerlos a cargo de la infraestructura.

Insisto en lo que propuse hace años: cierren el Conavi y creen una entidad distinta, fuera del Servicio Civil. Eso sí, ahí no entraría nadie que haya trabajado en el MOPT o Conavi. Pura sangre fresca.