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Actualizado el 20 de mayo de 2017 a las 10:00 pm

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Las manifestaciones en las redes sociales y las pistas, sugerencias e informaciones recibidas en las salas de redacción anuncian una campaña política rastrera, donde el ataque personal, los sobrenombres ofensivos y los insultos nublarán toda intención de conducir un debate público relevante.

El daño no es para los candidatos, sino para la democracia, cuya legitimidad es, por sobre todo, la fe depositada por la ciudadanía en las instituciones. La confianza se ha venido erosionando por otras razones y es una locura añadir nuevas fuentes de agravio y desilusión, pero parece inevitable. El Estado no responde frente a los reclamos más justificados. No hace falta que la clase política ahonde la ruptura exhibiendo sus perfiles menos virtuosos.

Falta presupuesto, sobra ineficiencia y las prioridades tienen décadas de estar en desarreglo. Frustrada, una parte de la ciudadanía judicializa los conflictos y acrecienta su desazón cuando constata los límites impuestos por la realidad a las resoluciones judiciales. No hay dinero para invertir el 8% del producto interno bruto en educación o pasarle el 10% del presupuesto nacional a las municipalidades, por mucho que la Constitución lo ordene y la Sala IV lo reafirme.

Otros canalizan las demandas mediante la llamada “democracia de las calles”. Son minorías, pero están organizadas y defienden sus privilegios a costa de grupos mayoritarios con menos galillo. La defensa de la paz social consiste en mantener los privilegios de la burocracia y de grupos empresariales bien conectados, no en resguardar las finanzas públicas u ofrecer arroz barato a los necesitados.

Por cualquiera de los dos caminos, las prioridades se trastocan y las necesidades quedan insatisfechas. La microadministración judicial del sistema de salud es una carga para la seguridad social tanto como la preservación de la convención colectiva de los maestros pesa sobre el Ministerio de Educación. Los recursos salen, necesariamente, del deterioro o estancamiento de los servicios.

La justa electoral debería ser congruente con esas exigencias. Hay espacio para cuestionar al contrario. Hay derecho a demostrar la cortedad de su visión y el extravío de sus planteamientos. Puede llamársele populista, cuestionar los antecedentes de su partido o los suyos personales, en los tribunales o en la política. Pero ojalá nos evitáramos el descenso al barreal del ataque ad hominem y el epíteto más o menos ingenioso. No hace falta una campaña pacífica, pero sí decente.

Armando González es director de La Nación.

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Armando González R.

agonzalez@nacion.com

Editor General Grupo Nación

Laboró en la revista Rumbo, La Nación y Al Día, del cual fue director cinco años. Regresó a La Nación en el 2002 para ocupar la jefatura de redacción. En el 2014 asumió la Edición General de GN Medios y la Dirección de La Nación. Abogado de la Universidad ...

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