El ICE, el INS y el Banco Popular son tres instituciones del estado que pretenden mejorar sus ingresos y tapar su ineficiencia mediante la aplicación de marcos legales que promueven los monopolios de ciertos servicios y la obligatoriedad para los asalariados de ahorrar parte de sus ingresos. Nada más revelador de lo nocivo que es para el consumidor la ausencia de competencia que la solicitud hecha por el ICE para que se incremente la tarifa básica de los teléfonos celulares en 2000 colones y se ajuste el costo de los minutos en exceso de 35 a 45 colones. Esto aparte de establecer montos elevados para la programación de los teléfonos.
Mientras funcionó en el país la compañía Milicom, el costo de este servicio telefónico --muy extendido ya en nuestro país-- fue menor si se contrataba con el ICE que con aquella empresa privada. La razón fue muy simple: Milicom había entrado al mercado sin ninguna competencia y estableció los precios que quiso.
Pero, como todos sabemos, nuestra legislación protege al ICE contra cualquier iniciativa privada y así es como después de un tiempo corto de libertad en la prestación de este servicio --y de la consecuente economía para el usuario-- el consumidor será nuevamente la víctima del monopolio.
Igualmente sucede con el INS, el que anunció que los seguros que antes cubrían el rubro de colisión y vuelco deja de ser uno para convertirse en dos, con lo cual el usuario tendrá que pagar montos separados. Una manera muy sutil de elevar las tarifas.
Finalmente, unos cuantos dirigentes laborales miembros de la asamblea del Banco Popular proponen congelar el aporte de los trabajadores bajo el pretexto de que es lo mejor para todos. En mi caso no es lo que deseo hacer con mi dinero y estoy segura que muchos otros piensan, al igual que yo, que es preferible invertirlo en una mejor calidad de vida de la familia que perderlo en préstamos millonarios e irrecuperables, a cooperativas fantasmas o compañías bananeras, para citar dos ejemplos.