Desesperación... WhatsApp se queda “conectando”... “conectando” y la foto que intentaba compartir nunca se va... la señal celular en el barrio es muy débil.
Aló, aló, alooó... Se corta la llamada por lo mismo: mala señal. Llamo otra vez y a recapitular con quien hablaba: ¿dónde era que habíamos quedado? Pero hay algo peor: salgo del barrio, recorro unos metros y comienzan a entrar los mensajes de texto, alertando de llamadas perdidas mientras estaba en la casa.
A seis años de la apertura en telefonía celular esos son dos de los males que vivimos miles de costarricenses por una pésima cobertura.
Las responsables son las municipalidades que aún ponen obstáculos a la instalación de torres de 10 a 25 metros de altura, sin importarles los problemas de comunicación que causan a los habitantes. Son 28 los municipios que violan la sentencia 15763 del 16 de noviembre del 2011, en la cual la Sala Constitucional declaró de interés público el levantamiento de las torres.
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Esto, por considerar que las trabas municipales limitan el acceso ciudadano a nuevas tecnologías de información y al conocimiento.
Los reglamentos municipales para regular las torres deberían ser uniformes para todo el país, tanto por razones técnicas como para evitar todo tipo de corrupción. Este es un país diminuto y es irracional que cada municipio pretenda imponer sus deseos... ¿Por qué no consensuar un solo reglamento en la Unión de Gobiernos Locales y así dar confianza ciudadana?
Es un absurdo que el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) deba ir, una por una, a esas 28 municipalidades para convencerlas de que faciliten la instalación de antenas.
Los funcionarios de los ayuntamientos no son expertos en tecnología y, por eso, sus restricciones de altura a las torres, impedimentos para ponerlas cerca de edificios públicos e incluso limitantes para instalarlas en edificios altos.
A seis años de la apertura y cuando ya 53 municipalidades dieron su aval a las torres, tantos requisitos se prestan para dudar sobre la “buena intención” de 28 alcaldes y regidores. Si de verdad la tienen, respeten el derecho ciudadano al buen acceso a las telecomunicaciones.
amayorga@nacion.com
Armando Mayorga es jefe de Redacción en La Nación.