Por: Fernando Durán Ayanegui 1 julio

Mediados de la década de 1990. Junto a profesionales de varios países, integré el Tribunal Centroamericano del Agua, una entidad simbólica que aquella vez sesionó en Costa Rica. Entre los “casos” examinados figuraba la apertura, por parte de la Municipalidad de San José, de un botadero de desechos sólidos en La Carpio, donde ya se había iniciado el proceso de compactación e impermeabilización del suelo. Aun cuando estaba convencido de que, pese a la buena intención de los organizadores del Tribunal, aquel ejercicio tendría menos consecuencias que una velada escolar, leí con mucho interés la información técnica que se nos suministró. Al final, por supuesto sin esperanza alguna, manifestamos preocupación por ciertos aspectos de imprecisión o de peligrosidad y, al igual que hacen los actores teatrales con los textos dramáticos una vez desvanecidos los espectadores, casi de inmediato me deshice de los documentos y olvidé los detalles de nuestra representación.

Botadero de la Carpio
Botadero de la Carpio

Sí recuerdo tres aspectos que me llamaron particularmente la atención. En primer lugar, quienes tomaron la decisión política de autorizar el relleno en aquel sitio, desde el Poder Ejecutivo y desde la Municipalidad, ostentaban, respectivamente, una licenciatura en Derecho y un bachillerato en Agronomía. Luego, si bien un estudio demostraba que la base rocosa que soportaría el peso del basurero tenía espesor suficiente como para garantizar que con buena suerte sísmica –y con la ayuda de algunos rezos– no llegará a romperse y poner en peligro el acuífero subyacente, dicho estudio dejaba ver que en un par de puntos el espesor disminuía –por lo menos así me pareció– dramáticamente. Por último, personas entendidas señalaron el peligro de que, como consecuencia de un período de intensa lluvia, el relleno se desbordara sobre el cauce del río Virilla, lo que podría resultar catastrófico.

Si algún lector me sigue aún, tiene derecho a considerarme un pesimista redomado, pues hasta el último día del 2007 –año previsto, según se dijo, para el cierre del botadero– no ocurrió nada amenazador. Sin embargo, después de conocer una noticia reciente no resistiré la tentación de comentar que, mientras me aburría en el Tribunal Centroamericano del Agua, esta fue una de mis divagaciones: “En el año 2025, ese botadero continuará en uso y habrá contaminado, además del litoral Pacífico, una buena parte del agua potable del Valle Central”.