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Se alquilan placas...

Actualizado el 17 de julio de 2014 a las 12:00 am

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¿Cómo habrá empezado todo este negocio? ¿Quién lo habrá ideado tan finamente? ¿Cómo es que los diputados nunca lo previeron?

Era mayo del 2011 cuando la Asamblea Legislativa dizque entraba a “regular” el servicio de taxi, puerta a puerta, al aprobar la ley 8.955 que pedían los llamados “porteadores”.

Esa “regulación” fue una pantomima, pues, en lugar de ordenar el porteo, lo concentró en unos pocos y, así, creó un millonario monopolio que manejan, en su mayoría, unas pocas sociedades anónimas.

Varias de esas empresas lucran con las placas del Servicio Especial Estable de Taxis (SEE Taxi), al cobrar un alquiler semanal o mensual a los choferes que las usan e, incluso, un “derecho” de uso por hasta ¢2 millones, como lo reveló este diario.

De las 2.900 placas que existen, siete empresas tienen 1.680 (60%) que utilizan a discreción suya, porque así, también, lo autorizó y lo tolera el Consejo de Transporte Público (CPT).

Ahí existe algo que crea sospecha: el CPT solo entrega los permisos (códigos) a sociedades anónimas (al monopolio) y no a particulares. ¿Por qué esa discriminación? Esta es una razón más para acabar con este Consejo, como lo prometió en campaña el Partido Acción Ciudadana (PAC), pues sirve a unos pocos, y de poco al país.

Este monopolio de placas tiene su santo, y se llama Movimiento Libertario, porque es su gente la que lo maneja... aquí, una contradicción más de ese partido, que, cuando se trata de monopolios del Estado, alza la voz, pero, cuando se fortalece uno privado, silencio total.

Frente a un negocio con permisos cedidos por el Estado, el Poder Ejecutivo tiene la potestad de sancionar porque hay un notorio uso de un bien del Estado. Con solo comprobar los cobros (las facturas ya han trascendido), hay razones de sobra.

Otro punto: ¿pagarán impuestos estas empresas?, ¿serán proporcionales a los ingresos? Ahí, el Ministerio de Hacienda debe ser beligerante y exigir cuentas, pero pronto.

En cuanto a esta Asamblea Legislativa, lo esperable es que corrija el error que cometió su antecesora y modifique la ley para volver a su espíritu original: permitir a particulares, a trabajadores, a choferes, y no a una clase política, beneficiarse de las concesiones del Estado.

Por dignidad, el Movimiento Libertario, que tiene cuerpo y alma en esta ley, debe dar el primer paso y permitir la reforma.

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Armando Mayorga

amayorga@nacion.com

Jefe de Redacción

Ingresó a La Nación en 1986. En 1990 pasó a coordinar la sección Nacionales y en 1995 asumió una jefatura de información; desde 2010 es jefe de Redacción. Estudió en la UCR; en la U Latina obtuvo el bachillerato y en la Universidad de Barcelona, España, ...

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