Está para ser indagado. Está para ser imputado. Está para sentarlo en el banquillo de los acusados por sus equivocaciones. Llegó el momento de juzgar al Ministerio Público para esclarecer el porqué de sus múltiples errores y los responsables. Ya la situación llegó al colmo.
Los casos lo evidencian. El sábado fue vergonzoso conocer que la Fiscalía pidió a un tribunal abrir un juicio porque el Instituto Nacional de Seguros no pagó 7 céntimos. Para eso, hubo audiencia con juez, fiscales, abogados, testigos... despilfarro en salarios y en tiempo.
Mientras la Fiscalía puso el ojo a esos céntimos, varios casos de millones los perdió por omisiones. Uno es el aparente pago de $2 millones en dádivas a exfuncionarios por parte de la reaseguradora PWS. La Corte de Southwark, Londres, condenó en el 2010 a un ejecutivo de esa firma luego de que la Fiscalía demostró pago de sobornos. Aquí, la Fiscalía no pudo e incluso sirvió la mesa al repartirles a los imputados dos informes internos que apuntaban por qué su misma acusación era débil.
A la jueza no le quedó más que archivar un caso de 13 años por los “gravísimos problemas de imputación”, pese a las prevenciones que hubo en la audiencia preliminar. Los errores son de bulto y de novatada, pese a que los ciudadanos pagamos miles de dólares para elevar ese escándalo ante la justicia.
Casos sobran, pero, hace un año, este diario publicó un reportaje titulado “Jueces señalan a Fiscalía fallas que se traen abajo casos de peso”. Era para que el Poder Judicial abriera los ojos ante el tipo de descuidos de la Fiscalía, pero nada pasó.
La información incluía criterios de abogados sobre el porqué de las fallas de la Fiscalía: hablaron de fiscales saturados por cientos de casos, de fiscales novatos, de fiscales sin capacidad para enfrentar juicios complejos, mientras los acusados les llevan ventaja en número de abogados, y en colmillo.
Ante las debilidades del Ministerio Público, urge poner en el banquillo su estructura de trabajo y la calidad de sus profesionales, pues está de por medio, y para duda, la confianza en el acusador del Estado.
Sus errores han sido tan extremos que fracasó en el caso en el que el país habría perdido $2 millones (INS-PWS) y hasta en el penoso de los 7 céntimos.
Para que haya justicia, el acusador debe saber acusar, pero, en este campo, el Ministerio Público ha quedado debiendo.