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Sobre abogados

Actualizado el 15 de enero de 2015 a las 12:00 am

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Tengo un querido hermano abogado, entrañables amigos abogados, pero hoy hablaré mal de su gremio a propósito de cómo se las han ingeniado para colocarse en medio de toda clase de trámites comunes y corrientes, hacerse los indispensables y ganarse, sin mojar ala, un montón de plata por servicios prescindibles pero mandados por ley. Por allí, como dicen los futbolistas, este gremio ha logrado crearse una fuente inagotable de ingresos cautivos fáciles.

¿Quiere vender un carro? No basta que dos personas se pongan de acuerdo y, como en EE. UU., firmen un papelito entre ellos. No: aquí las partes tienen que ir a un abogado que ganará un pucho de plata por rellenar un machote que dice que usted es usted, que la otra persona es la otra persona y que el carro va a cambiar de manos. ¿Quiere cambiar de placa? ¡Oh sorpresa! Usted necesita un abogado que certifica que quiere cambiarla…, ¢25.000 y muchas gracias. ¿Terminó de pagar un préstamo? El abogado del banco le cobra a usted por liberar la prenda, como si no fuera obligación del banco liberarla de oficio, si uno ya cumplió con su parte. Y así podría uno seguir con una retahíla de trámites, y cuesta ver qué anda haciendo un abogado, salvo cuando –¡ voilá !– se piensa en la estela del dinero.

Nada es, insisto, contra la ley. Al contrario, es para cumplirla. Las preguntas son: ¿por qué así? y ¿cómo? Varguitas barrunta que el gremio de los abogados es poderoso y a lo largo de la historia ha tenido una nutrida y permanente presencia en la Asamblea Legislativa, donde aprueban leyes que mandan a los abogados a estar intermediando en trámites. Llamemos a esto “el negocio de gestionar la tramitomanía”. Cuanto más frondosa y compleja sea esta, más lucrativo será el negocio de gestionarla. Es un negocio superfluo, caro, artificial, pero mantiene una nube de rozagantes notarios que nada agregan a la productividad nacional, pero obtienen jugosas rentas con eso del “muy bien”, “muchas gracias”.

Habrá un conjunto (reducido) de trámites en los que sea indispensable la fe pública de un abogado. No tengo la menor duda. Pero hay un montón de otras cosas en las que nada tiene que estar haciendo. Propongo: una revisión de la tramitomanía que exija presencia abogadil (primera fase), y, luego, eliminar –siempre que sea posible– la certificación de lo innecesario. Ya que tanto admiramos el pragmatismo de los gringos, podríamos copiarlos en la simplificación de muchos trámites. Ahora sí, Vargas, espere sentado, pues, sin duda, el imperio contraatacará.

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