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Violación a la intimidad

Actualizado el 15 de marzo de 2015 a las 12:00 am

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Violación a la intimidad

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Reprocho, lamento y repudio la reciente publicación y circulación viral en nuestro país de imágenes privadas de una joven profesional.

Es una flagrante violación al principio constitucional del derecho a la intimidad, que no debe quedar impune.

Nuestra Constitución Política en el artículo 24 garantiza el derecho a la intimidad, igualmente resguardado por el Código Penal en el numeral 196 bis, el cual muy claramente protege los datos e imágenes de las personas, pues sanciona con pena de prisión de uno a tres años a quien con peligro o daño para la intimidad o privacidad y sin la autorización del titular de los datos acceda, copie, transmita, publique, difunda, recopile, retenga o dé un tratamiento no autorizado a las imágenes o datos de una persona física o jurídica.

Transcribo el artículo con el afán de que esta historia, que lamentablemente no es la primera vez que ocurre, nunca más vuelva a repetirse y sirva para educar a los costarricenses sobre las dimensiones y responsabilidades que depara el ser de alguna forma partícipes en la transmisión no autorizada de imágenes, y mucho menos de aquellas que violenten los derechos constitucionales a la intimidad y la privacidad.

Si bien la tecnología y las redes sociales son valiosas herramientas de información y comunicación, su uso no siempre es el correcto, y en esta deplorable acción si bien figuran diferentes perfiles de infractores, lo cierto es que todos, sin excepción, incurren en la misma violación y se exponen a sanciones penales y civiles.

Es conveniente indicar dos cosas. La primera: el hecho de que una persona salga en los medios de comunicación no la convierte en “figura pública” sin derechos ni privacidad, máxime sobre aspectos de carácter íntimo.

La segunda: el espíritu de socialización de las redes no elimina los derechos individuales de las personas.

En relación con las figuras públicas, otro hecho relevante es la importancia de diferenciar entre las conductas que son de interés público, lo cual justifica la divulgación, de aquellas de la esfera privada en las que no existe interés publico alguno.

Esperamos que este caso permita a los tribunales ser claros y contundentes sobre los límites entre la libertad de prensa y el derecho de todas las personas, incluidas las figuras públicas, a la privacidad e intimidad.

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