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Actualizado el 04 de septiembre de 2013 a las 12:05 am

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Inocentes agredidos es el título del editorial de La Nación del 31 de agosto pasado, en relación con la práctica de echar mano del irrespeto, la ofensa o la violencia, en el orden personal o social, para alcanzar un objetivo determinado. La más común de estas conductas arbitrarias es el cierre de vías en cualquier parte o sector del país con el propósito deliberado de entorpecer el tránsito y, así, causar daño físico o moral a las personas.

La obstrucción del tránsito es productiva para quien la usa o propone. No existe riesgo alguno y, además, cualquier medio logra su propósito: causar daño. Así, un simple obstáculo en una calle puede causar graves efectos contra las personas o contra la realización de trabajos materiales. Bien lo sabe la gente, por lo que, conforme se extienden estos abusos y conforme la autoridad cede ante las presiones, mayor es el abuso y el desconcierto vial. Si uno repasa lo que ha ocurrido en nuestro país en este campo y toma nota de la indiferencia de la gente y de las autoridades ante estas verdaderas agresiones contra la ley y la dignidad de las personas, no puede menos que preguntarse consternado por qué una afrenta de este tipo se ha convertido en hábito o en deporte, o por qué esta modalidad del rehén, como la llamaba el editorial de este periódico el sábado pasado, forma parte de nuestro estilo de vida.

El entorpecimiento de las vías de tránsito o de cualquier calle es sorpresivo e inesperado, en extremo dañino, ilimitado, anula la acción de la Policía, pues obliga a la negociación o a ceder; tiene un efecto inmediato en la población, golpea sin mediación el principio de autoridad y, obviamente, su reiteración a lo largo del tiempo debilita como pocos al Estado. En nuestro país no se ha valorado objetivamente este fenómeno social, pero, sin duda, representa una de las razones principales de la pérdida del principio de autoridad y del debilitamiento del Estado ante los principios democráticos fundamentales.

Una de las consecuencias de estas conductas es la pérdida del sentido de ilegalidad en la población y, más bien, en la afirmación de que no debe haber obstáculos o impedimentos para que las personas hagan lo que les viene en gana. De pasar de estos actos a conductas más graves, que tocan valores superiores de la sociedad, solo hay un paso. Cuando se debilita o se pierde la sensibilidad moral de una población, se abren poco a poco todas las puertas para que haga su ingreso una de las peores calamidades: la indiferencia o pérdida de reacción ante las cosas mal hechas.

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Pues bien, esta es la cuestión. La gente se está acostumbrando a tomar venganza por su propia mano, a ejercer por sí misma la autoridad y, peor aún, a racionalizarlo todo.

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