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Actualizado el 19 de agosto de 2013 a las 12:05 am

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El Ministerio de Obras Públicas y Transportes(MOPT) ha propuesto intervenir el Consejo de Transporte Público(CTP) por supuestas deficiencias en su gestión. El director del CTP, Mario Badilla, ha rebatido esta decisión por cuanto, sus fallas, según su criterio, se le deben imputar al MOPT o al gobierno y no a esta dependencia.

Pareciera que tiene razón, por cuanto el CTP funciona con un mísero presupuesto y sin personal suficiente, y, además, con cierta periodicidad le agregan otras tareas que, en estas condiciones, no puede cumplir. Basta tomar nota de los hechos para comprobar que no solo esta, sino otras entidades u oficinas no pueden llevar a cabo sus funciones por cuanto, al parecer, el propio gobierno las considera de segunda clase, prueba inequívoca del desorden reinante en el Estado. En este sentido basta leer los periódicos con atención que, como hemos apuntado en diversas ocasiones, nos explican por qué muchas críticas sobre el funcionamiento de las oficinas públicas son injustas.

Tal como explicó recientemente el funcionario citado, el CTP tiene a su cargo las concesiones del transporte público de autobuses y de taxis, los permisos sobre el funcionamiento de estos, el transporte de estudiantes, de trabajadores y de turistas. Este dato por sí solo no dice nada. Sin embargo, si se agrega lo esencial: el número de empleados dedicados a estas labores, se concluye, gracias a estos datos y a situaciones parecidas en otros sectores del Estado, que la racionalidad y el sentido común son valores burocráticos inexistentes en la función pública, esto es, en el servicio que el Estado debe prestar por obligación en bien de la gente.

Pues bien, según se informó, solo 10 inspectores en todo el país velan por el cumplimiento de las leyes en el servicio de 12.890 taxis, 4.800 autobuses, 9.700 servicios especiales y 2.800 taxis que antes eran porteadores. Además, el MOPT le quitó 10 plazas al CTP recientemente y el 94% se consume en pagar planillas y servicios que necesite el CTP. En fin, solo 10 inspectores velan por el cumplimiento de las normas referentes al transporte público en todo el país.

Este es apenas un bosquejo de la miseria del Estado en el orden del servicio del transporte público. El asunto es de tal envergadura que, al leer esta información, consulté con personas entendidas en la materia, las cuales me ratificaron la certeza de lo ocurrido. En verdad, al principio creí que se trataba una broma de mal gusto, pero, conocedor de la seriedad de este periódico y de los funcionarios, no me quedó más que aceptar la verdad de los hechos y reflexionar con angustia sobre la realidad del Estado costarricense.

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¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es nuestra realidad? ¿En qué consiste nuestra política y en qué ha consistido aspirar a un cargo público?

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