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Actualizado el 09 de agosto de 2013 a las 12:00 am

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Por explicables razones políticas, sociales y económicas se ha incrementado, en estos años, la participación de los diversos sectores del país en el debate nacional. Bien está este esfuerzo dialéctico que, inspirado en el bien común y el espíritu de solidaridad, puede contribuir a resolver los problemas nacionales.

Mal está, sin embargo, si el debate deja de lado las virtudes democráticas y se concentra en una especie de monopolio de alguna de las partes interesadas y abandona la visión de conjunto del país. De aquí que el enfrentamiento entre el sector productivo y los sindicatos, tal como se ha manifestado en estos días sobre cuestiones básicas para el país, no sea el camino más apropiado para salir adelante en esta hora de crisis nacional y mundial.

Esta necesaria introducción tiene un propósito concreto. El Sector Productivo Nacional publicó, el lunes pasado, un comentario objetivo y oportuno sobre el proyecto de Código Procesal Laboral y solicitó a los diputados y al Gobierno “un estudio minucioso antes de que se apruebe en definitiva por la Asamblea Legislativa como ley de la República”. Si no se hiciese este análisis y se dejase que las cosas discurran a la tica, las consecuencias para el país serían fatales. La indiferencia ya nos ha causado numerosos problemas.

El sector productivo no se opone en forma egoísta o sin razones al Proyecto de Código Procesal Laboral. Por el contrario, lo aprueba en lo conducente a la oralidad y a la reducción del tiempo de duración de los jueces, por cuanto así redundará “en beneficio de los trabajadores y empresarios y será sinónimo de una justicia pronta y cumplida”. Esta es una posición sensata, pero enuncia, en cuanto a las huelgas, cuatro razones válidas y justas para disentir, y, además, introduce el cuestionamiento de las normas y políticas generales del Gobierno (Art. 446). También traslada el debido proceso del sector público al sector privado (Art. 540-541) y debilita los Comités Permanentes de Trabajadores (Arts. 614, 615 y 617).

En síntesis, este proyecto de ley, según el criterio del sector productivo, introduce cambios inconvenientes en la regulación de los sindicatos y las huelgas, no toma en cuenta el deterioro actual de la economía (exportaciones, gasto interno, acceso al crédito y el tipo de cambio, en menoscabo de la competitividad), distorsiona “las naturales y armoniosas relaciones entre trabajadores y patronos” y afecta las inversiones y el empleo.

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Se impone un diálogo profundo sobre estas reformas laborales que, en la antesala de un proceso electoral, puede ser funesto para el país, si no se actúa con responsabilidad.

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