¿De dónde sacó Sebastián Urbina que las decisiones sobre el transporte público deben tomarse con arreglo a los intereses de la ciudadanía? Es un pensamiento subversivo, rematado con una incitación a privilegiar al usuario por encima de los grupos de interés económico.
El viceministro no podrá negarlo. La prueba está en su cuenta de Twitter, donde escribió con desparpajo: “Las decisiones en transporte público hay que tomarlas anteponiendo los intereses de la ciudadanía sobre los de cualquier grupo económico”. Ahí está, citado textualmente. No tiene escapatoria.
Semejante llamado a la subversión exigía una reacción rápida y decisiva. El presidente titubeó la mañana del miércoles, cuando negó toda intención de destituir al viceministro, pero corrigió el rumbo esa misma noche, anunciándole la decisión de prescindir de sus servicios mediante un correo electrónico, como lo dictan las reglas del señorío en la era digital.
La decisión cuenta con el merecido respaldo de una orquesta multipartidista de legisladores. Participan el Frente Amplio (progresista, ma non troppo ), Liberación Nacional (tradicional, senza misura ) y el PAC ( opera buffa, con farsa e fantasia ). El concierto hace pensar en la existencia de un conductor, al mismo tiempo misterioso, pesante e prestissimo.
La madurez demostrada por los legisladores, capaces de saltar las cercas partidistas en procura de la paz, compromete el agradecimiento de la nación. La industria del transporte público está a salvo, pero en juego había otros intereses de idéntica importancia. Si la rebelión prende, las gentes humildes no se conformarán con exigir tarifas justas para trasladarse al trabajo. En cualquier momento se negarán a subsidiar a los arroceros o dirigirán su ira contra las propias instituciones del Estado. Las masas son incapaces de distinguir entre el privilegio y el derecho con toda justicia reconocido a quienes se sacrifican para administrarnos. Nada estará a salvo, ni siquiera la fijación de tarifas mínimas en los colegios profesionales o la santidad de la educación universitaria.
La rebelión de Urbina se dirige con saña a minar los fundamentos de nuestra organización social. Somos una democracia corporativizada, donde los gremios y grupos de interés económico se integran y confunden con el Estado. Por eso la sugerencia de proteger los intereses del usuario resulta repugnante.
Podemos estar tranquilos. El ministro de Obras Públicas garantizó la fidelidad del gobierno a los principios fundamentales cuando señaló la irreconciliable contradicción entre las alocadas ideas de Urbina y “los propósitos del presidente”. ¡Maestoso!