Resulta paradójico que esperáramos más de 25 años por la vía a Caldera, importantísima, llamada a ser un referente en innovación y seguridad, y una luz en el horizonte ante la escasísima prioridad de inversión de varios Gobiernos en la infraestructura vial, y que en el 2014 se convierta en la más letal de nuestras carreteras.
Este año han ocurrido 11 muertes, cifra humanamente espeluznante, pero aún más si comparamos el dato con las 14 del 2013. Esto significa que, de continuar en esa proporción, el número de víctimas mortales podría más que duplicarse. Un llamado urgente a la inmediata acción.
Especialistas del Lanamme han sido tajantes en recomendar que, para evitar la invasión de carril en doble línea, se deben construir barreras de contención de concreto o flexibles, que deberían implementarse con carácter de urgencia para evitar más dolor en las familias costarricenses.
Lo que resulta sorprendente es que, en esta recomendación, quien la hace advierte que este tipo de estructuras responden a una práctica internacional. La pregunta de rigor: ¿por qué no se diseñaron e incorporaron las barreras al momento de la construcción de la ruta?
El sitio donde ocurrió el último accidente ha sido señalado por el subjefe de Tránsito de la Región Pacífico Central como uno de los “puntos negros” de la carretera. Si eso ya se ha detectado, ¿por qué no se han tomado medidas correctivas o, al menos, preventivas?
Hace unos días, una articulista citaba el diagnóstico de un grupo de especialistas en competitividad de la República de Corea, y que uno de los graves problemas señalados al país es el escaso sentido de urgencia. Lo sucedido en la infraestructura vial es uno de los más claros ejemplos de ello.
Es innegable que el MOPT tiene una deuda pendiente con los costarricenses: la existencia de una concesión no debe ser obstáculo para la búsqueda de soluciones urgentes en la ruta 27. Esta es una tarea que debe sumarse a las acciones que –espero– seguirán a la declaratoria de interés público para la atención de obras viales a punto de colapsar.
En Costa Rica lo tenemos todo para ser el país de avanzada que siempre fuimos. La seguridad vial, sin duda, pasa por un abordaje integral que incluya mayor educación –especialmente en el tema de los excesos de velocidad, falsos adelantamientos y consumo de alcohol–, una nueva mentalidad de respeto a los más vulnerables –peatones, ciclistas y motociclistas– y cumplir el régimen sancionatorio de la legislación. Desde luego, se requiere, además, la mejora y nueva construcción de carreteras con estándares del Primer Mundo.