El tema genera suspicacias: nos cuesta dar a los partidos políticos el beneficio de la duda sobre lo que pueda beneficiarlos. Sin embargo, tras su iniciativa de eliminar la comprobación de gastos como requisito para que el TSE les gire el financiamiento electoral a que tienen derecho, hay un móvil que comparto: sustituir los controles previos por los posteriores. De este modo, tendrán más agilidad para funcionar y, sobre todo, librarse de los acreedores que los succionan por la lentitud actual.
No pondría las manos al fuego por las intenciones de cada diputado de las nueve fracciones (todas) que impulsan la reforma, pero sí por su lógica conceptual. Porque en aras de evitar los malos usos de la contribución estatal, lo que se ha hecho hasta hoy es atrapar a los partidos en una camisa de fuerza que debilita su eficacia y, por ende, su ejercicio democrático. Esto debe cambiar.
La propuesta consiste en eliminar la frase del artículo 9 de la Constitución que dice: “Para recibir el aporte del Estado, los Partidos estarán obligados a comprobar sus gastos” ante el Tribunal Supremo de Elecciones. Por muchos años, este texto coexistió con otro, según el cual el Estado contribuiría “a la financiación previa de los gastos”, de acuerdo con los montos y condiciones fijadas por la Constitución y las leyes. Es decir, primero el financiamiento y luego la verificación de su uso.
Al desaparecer esa disposición, en 1997, el Tribunal quedó obligado a primero comprobar y luego desembolsar; una suerte de auditoría previa paralizante. Los partidos comenzaron a sufrir por el enervante papeleo, y su agilidad y capacidad de pago recibieron un serio golpe. ¿Que a partir de 1997 se controló mejor? Sí, pero con retrasos que conspiran contra el espíritu constitucional y no necesariamente mejoran la transparencia ni garantizan cero corrupción.
La reforma, bien modulada y con adecuados complementos legales, no eliminará la supervisión, sino que la colocará donde debe estar: al final del proceso. Es decir, los partidos mantendrán su deber de rendir cuentas, y la ciudadanía y los tribunales el derecho de cobrárseles. Esto no implica impunidad.
La democracia nunca funcionará sin riesgos. Pero es preferible correr los generados por la agilidad institucional que los padecidos por su virtual parálisis.
(*) Eduardo Ulibarri es periodista, profesor universitario y diplomático. Consultor en análisis sociopolítico y estrategias de comunicación. Exembajador de Costa Rica ante las Naciones Unidas (2010-2014).