Opinión

Riesgo social

Actualizado el 08 de diciembre de 2016 a las 12:00 am

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La importancia de la gestión del riesgo social solo queda clara a muchos cuando ocurren tragedias como las causadas por el huracán Otto. Entonces, queda nítida la importancia de no construir a la par de los ríos, que los municipios no permitan edificar en ciertas laderas, contar con planes de ordenamiento territorial que se cumplan y de organizar a los barrios y pueblos para enfrentar las emergencias.

Mientras no pegue un huracán, un terremoto o se desaten lluvias intensas, cualquier politiquillo local, cualquier comerciante gritón o cualquier desarrollador inmobiliario –en fin, cuando digo cualquiera quiero decir exactamente eso: cualquiera, hasta el zaguate de la esquina– hace caso omiso a las prevenciones, pulsea un permiso de excepción para su caso (con o sin “chiza” mediante) o construye a la brava donde quiere.

El costo humano y social de esta… ¿cómo decirlo en francés?... acumulación de irresponsabilidad privada y complicidad pública es siempre, por supuesto, muy alta: muertos, miles de viviendas inservibles, caminos destrozados. A mí me ha impresionado la solidaridad para con los damnificados por Otto y me da esperanza de que, pese a todo, nuestra sociedad tiene capacidad de organización y sentido de la compasión. Sin embargo, también sé que los efectos de este evento natural podrían haber sido mucho menores si, en los distintos niveles, hubiésemos tomado más en serio los mapas de riesgo de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) y si el uso real del suelo se ajustara a criterios técnicos.

Estas reflexiones valen para Upala, pero, también, obviamente, para la Gran Área Metropolitana, zona donde viven casi tres millones de personas. Hay una construcción social del riesgo cuando apilamos gente, casas, edificios, caminos, hospitales o escuelas en sitios especialmente frágiles y vulnerables y, además, nos desentendemos de las labores de prevención.

De las tragedias se aprende mucho, a menos que uno esté dispuesto a repetirlas. Como bien lo sabrán hoy el señor alcalde y los concejales de Upala, desoir a los técnicos en el adecuado uso del suelo y no tomarse en serio la organización para una emergencia tiene terribles consecuencias. ¿A qué debiéramos aspirar? A que en el curso del presente cuatrienio todos los municipios de Costa Rica cuenten con un plan regulador del territorio, con asesoría de la CNE, y no como ahora, que solo uno de cada cinco medio lo tiene. Es una meta realista, necesaria, una que nos ahorrará muchas lágrimas y tristezas.

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