De las noticias sobre los créditos para el cemento chino y Coopelesca, nos damos cuenta de que, como mínimo, hay que revisar los principios de buena gobernanza en la banca estatal. La mezcla que se da entre lo público y lo privado hace que dichos bancos sean un gallo-gallina difícil de administrar.
Por un lado, son instituciones que administran fondos de los ahorrantes. En ese sentido, no manejan fondos públicos, sino el ahorro de gente que espera recibirlo de vuelta un tiempo después, con intereses agregados. Por eso la banca estatal debe administrar ese dinero con técnica y prudencia, igual que lo debe hacer cualquier banco privado.
Por otro lado, el capital de los bancos estatales proviene del Estado. Este garantiza a los ahorrantes que sus fondos serán devueltos bajo cualquier circunstancia. De ahí que un mal manejo en la banca estatal podría implicar el uso de fondos públicos.
Por eso, la banca estatal no se puede quitar tan fácilmente su lado político. El Consejo de Gobierno es el que actúa como “accionista” de los bancos estatales, designando a los miembros de sus juntas directivas. De ahí que los directores tiendan a responder a quien los nombró, ya sea el partido de turno o el del gobierno anterior, siguiendo la vieja regla, meramente política, en que un gobierno nombra cuatro miembros y el siguiente tres. Por eso muchos directores tienen experiencia política –exdiputados, por ejemplo–, pero poca experiencia en administración. Al menos no como para manejar miles de millones de colones y miles de trabajadores.
Encima de todo esto hay que agregar los intereses particulares de los directores. Estos, en ocasiones, pueden contraponerse a los de los verdaderos dueños del banco estatal (todos los costarricenses).
Para resolver todos los conflictos que se dan en ese híbrido que es la banca estatal, deberían mejorarse en muchos aspectos las reglas de gobernanza corporativa. Por ejemplo, el nombramiento de los directores debería ser hecho por un ente técnico y no el Consejo de Gobierno. Debería ser por atestados de idoneidad, y no políticos. Los directores deberían ser honestos, y no tener vínculos económicos o personales con clientes del banco. La junta directiva debería cuidarse de la estrategia general, dejando la administración en manos de técnicos, libres de presiones políticas.
En fin, son muchos “debería”, que usualmente terminan en “no fue”.