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Reglas básicas

Actualizado el 17 de febrero de 2015 a las 12:00 am

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Los diputados de todos los partidos, incluidas las dos fracciones del PAC, deben prepararse bien para negociar, el 1 de mayo y posteriormente, reglas básicas para contener la expansión del gasto y mejorar las finanzas públicas. Es, de todo lo pendiente, lo más esencial.

Si el Gobierno desea verdaderamente que le aprueben más y mejores impuestos, debe estar anuente a aceptar ciertas reglas para frenar la expansión y acariciar otros objetivos de saneamiento fiscal para mejorar la eficacia presupuestaria. He aquí un inventario de lo que podrían contemplar esas reglas.

Primero, deben ser vinculantes. Luego, definir con claridad los objetivos de la nueva política fiscal. Pueden ser estos: garantizar la estabilidad macroeconómica; delimitar el tamaño y funciones del Estado; reducir el déficit a niveles manejables como porcentaje del PIB; dar sostenibilidad de la deuda, ligándola al crecimiento real y las tasas de interés; expandir la inversión pública para mejorar la producción y empleo; contribuir a disminuir la pobreza y distribución del ingreso; racionalizar los impuestos conforme a principios usualmente aceptados como uniformidad, equidad y capacidad de pago, o una combinación de los anteriores.

Después, escoger las reglas fiscales más apropiadas a la realidad nacional: un límite cuantitativo al crecimiento nominal del gasto; topes al crecimiento real presupuestario; metas específicas al déficit fiscal en términos del PIB (al estilo de lo discutido entre el Gobierno y FMI); combinar la reducción del déficit mediante nuevos ingresos y menores gastos, y, dentro de eso, reglas claras para mermar ciertas erogaciones, como los disparadores del gasto o los pluses salariales de los empleados públicos, y privilegiar otras partidas como inversión, seguridad y educación. También sería esencial establecer mecanismos para enmarcar una política fiscal anticíclica, ideal para la programación a largo plazo.

Algunos podrían objetar las reglas anteriores por razones puramente ideológicas, bajo el argumento de no limitar el tamaño ni discrecionalidad del Estado; otros, porque podría ser un ejercicio ocioso, pues la experiencia histórica demuestra que las reglas fiscales siempre se incumplen. Bajo esa perspectiva, lo más fácil sería dejar las cosas como están, con un sistema tributario injusto e ineficaz, y un tinglado de erogaciones libradas al garete, como el último presupuesto que, por malabares del presidente del Congreso, se aprobó sin ton ni son. Ojalá los diputados piensen que Costa Rica merece mejor suerte.

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Jorge Guardia

Abogado, economista y columnista de La Nación. Fue presidente del Banco Central y consejero en el Fondo Monetario Internacional. Es además profesor de economía y derecho económico en la Universidad de Costa Rica.

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