Esta información, manejada responsablemente, no vulnera la privacidad ni restringe la libertad, pero sí facilita el buen control. Además, es una práctica cada vez más extendida –y exigida– alrededor del mundo.
En una reciente conferencia de prensa, el presidente de la Uccaep, Ronald Jiménez, dijo que, para nuestra incorporación a la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), solo es necesario el listado de beneficiarios “legales”. Este argumento deja por fuera otras razones que justifican el registro, pero, además, es inexacto.
De hecho, el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información para Fines Impositivos, integrada por 132 países (incluida Costa Rica) y creado en el contexto de la OCDE, dice lo contrario. Según sus “términos de referencia” del 2016, los miembros deben proporcionar información sobre “los propietarios legales y beneficiarios”. Y por estos la práctica mundial se refiere a personas naturales que controlan activos.
No debe sorprender, entonces, que el Foro nos declare en “incumplimiento” sobre este requisito, y apenas en “cumplimiento parcial” sobre el conjunto de los que considera.
En el frente externo, la conclusión parece indiscutible: el registro de accionistas finales debe existir. Pero quizá sea aún más importante en el interno, no como decisión aislada, y menos como herramienta persecutoria, sino como parte de una reforma fiscal amplia, balanceada y eficaz.
Para afianzar su posición en exigencias bien fundamentadas, que incluyen controlar los “disparadores” de salarios y transferencias en el sector público, los empresarios agrupados en la Uccaep harían bien en renunciar a las que no lo son, en particular su rechazo al registro. Es lo fiscalmente responsable y lo tácticamente inteligente.
(*) Eduardo Ulibarri es periodista, profesor universitario y diplomático. Consultor en análisis sociopolítico y estrategias de comunicación. Exembajador de Costa Rica ante las Naciones Unidas (2010-2014).
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