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Actualizado el 27 de noviembre de 2016 a las 12:00 am

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En un país donde el sentimiento igualitario a menudo peca de exceso y derriba barreras de elemental prudencia y respeto, las remuneraciones del sector público se han convertido en notable excepción. Poco a poco, sin aspaviento y con complicidad de los gobernantes, la burocracia nacional acumuló beneficios inusitados en el resto del continente americano, según Augusto de la Torre, economista jefe del Banco Mundial.

En Costa Rica, los empleados estatales ganan más que sus pares del sector privado, merced a los llamados pluses salariales. La creación de remuneraciones adicionales con todo tipo de excusa fue un recurso para romper el equilibrio discretamente, sin evidenciarlo. La situación de privilegio habría sido más difícil de lograr mediante ajustes exagerados de los salarios base.

Los aumentos salariales del sector público nunca representan, a fin de cuentas, el porcentaje anunciado. Parecen mucho más modestos antes de pasar por el engranaje de aumentos preestablecidos no como salario, sino como anualidades, responsabilidad de la función judicial o electoral, etc.

Por eso las erogaciones estatales en pago de planillas crecen a un ritmo insostenible. Hay disparadores del gasto en espera de activarse con cada aumento. En ocasiones, producen efectos por el solo transcurso del tiempo o por un ajuste salarial ajeno. En este país igualitario, un grupo de médicos huelguistas decidió, hace años, que los más modestos empleados del Gobierno Central siempre deben ganar mucho menos. Si se les aumenta el salario a los guardas, el de los médicos debe subir en el mismo porcentaje para mantener o ampliar la brecha. Por años, los sindicatos de otros gremios se unieron a los de los médicos para defender el despropósito.

Hay pluses y mecanismos de ajuste creados para mantener la desigualdad frente al sector privado, pero el complejo andamiaje de las remuneraciones también prevé medios para ampliar brechas entre empleados públicos. Para mantener las diferencias más allá de la vida laboral existen los regímenes especiales de pensiones.

La aversión a la desigualdad y las apelaciones al deber de solidaridad quedan para los cotizantes del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, es decir, para el común de la gente cuya función hasta ahora ha sido callar y pagar impuestos para mantener los privilegios de la burocracia, edificados con sigilo a lo largo de décadas, pero cada vez más difíciles de disimular en el marco de la creciente crisis fiscal.

El autor es director de La Nación.

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Armando González R.

agonzalez@nacion.com

Editor General Grupo Nación

Laboró en la revista Rumbo, La Nación y Al Día, del cual fue director cinco años. Regresó a La Nación en el 2002 para ocupar la jefatura de redacción. En el 2014 asumió la Edición General de GN Medios y la Dirección de La Nación. Abogado de la Universidad ...

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