Opinión

Preservación de la DIS

Actualizado el 15 de febrero de 2015 a las 12:00 am

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Preservación de la DIS

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La Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS) es, desde hace décadas, una grave preocupación. Una Policía política, controlada por la Presidencia de la República, sin más cortapisas, no encaja en la institucionalidad de un país democrático, respetuoso de las libertades cívicas y los derechos humanos.

Las preocupaciones no se fundan en hipótesis o fantasiosas teorías de la conspiración. A lo largo de décadas, la institución ha vulnerado esos derechos y libertades. Hay casos documentados, en ocasiones por evidencia gráfica salida de los propios archivos de la DIS.

Por razones ideológicas, los agentes acumularon información sobre personas sin tacha. Ejecutaron seguimientos de dirigentes sindicales y otros ciudadanos libres de cualquier sospecha de participar en actividades delictivas. Los fotografiaron y llevaron registros de sus desplazamientos y contactos con terceros.

El célebre caso Astur terminó para siempre con la confianza depositada en la privacidad de las comunicaciones telefónicas. Todavía hoy, el diputado Jorge Arguedas, de larga trayectoria en el sindicalismo del Instituto Costarricense de Electricidad, se manifiesta preocupado por la vulnerabilidad de las plataformas de telecomunicaciones de esa entidad ante posibles requerimientos de la DIS.

Por si fuera poco, funcionarios de la Policía secreta se han redondeado el salario mediante la prestación de servicios de detectives privados y guardaespaldas, en algunos casos de personajes oscuros, cuando no cuestionados.

Con todo, no parece haber voluntad política para eliminar a la DIS. La Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa se encamina a recomendar su preservación, con algunos cambios. Entre ellos no debe faltar la supervisión judicial sugerida el jueves por el Poder Ejecutivo.

La idea es encomendar la supervisión de las actividades de la DIS a un juez o un fiscal. Los fiscales, por la naturaleza de su trabajo, son menos proclives a centrar la atención en el respeto a las garantías individuales. Mejor confiar la tarea a la judicatura, pero no a un solo juez. La proximidad y el transcurso del tiempo crean lazos capaces de debilitar la supervisión. Si hemos de tener un organismo con las características de la DIS, solo habrá tranquilidad si la supervisión queda en manos de un alto tribunal, sin renunciar por ello a otras garantías.

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Armando González R.

agonzalez@nacion.com

Editor General Grupo Nación

Laboró en la revista Rumbo, La Nación y Al Día, del cual fue director cinco años. Regresó a La Nación en el 2002 para ocupar la jefatura de redacción. En el 2014 asumió la Edición General de GN Medios y la Dirección de La Nación. Abogado de la Universidad ...

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