Los falsos “progresistas” mantienen deprimidos los salarios del Gobierno Central con artificios como el “enganche” médico, diseñado para beneficiar a los funcionarios mejor retribuidos. Se apuntan a defender causas como el bajo costo de la matrícula en las universidades públicas, un beneficio para muchas familias capaces de pagar el costo de colegios particulares, mientras algunos de los menos favorecidos se ven obligados a matricularse en universidades privadas.
Son dos de muchos ejemplos del corporativismo del Estado costarricense, donde el interés gremial o sectorial se impone, frecuentemente, al bienestar general y la justicia social. Pero las habas se cuecen en todas partes, no solo en los sindicatos del sector público.
En Costa Rica, un colón ganado con el trabajo o la industria no vale igual, para fines tributarios, que un colón ganado como renta del capital. En el primer caso, se tributa un 15% o más cuando se trata de personas físicas con actividades lucrativas. En el segundo, el fisco se conforma con el 8%.
No hay motivo para semejante distinción, al menos si se examina la realidad de países avanzados, como los Estados Unidos, donde la renta gravable lo incluye todo y al resultado se le aplica, completa, la tarifa progresiva. Pero la industria financiera nacional tiene su equivalente a la organización gremial “progresista”.
La defensa del sistema no carece de argumentos, tan “nobles” como los esgrimidos para consolidar las demás causas. El acceso a la educación y las altísimas responsabilidades de la profesión médica encuentran su equivalente en la preocupación por la fuga de capitales. Si aumentan los impuestos a las rentas de capital, dice la argumentación, el país sufrirá una hemorragia.
El fenómeno no ocurre en naciones carentes de la diferenciación y es más probable que suceda en un momento de inestabilidad cambiaria, como el que podría producirse si no ponemos orden en las finanzas públicas. Pero nadie le ha puesto el cascabel al esquivo e influyente gato. El privilegio se mantiene a costa de las empresas del sector no financiero y de los asalariados.
El sistema funciona bien para el sector financiero y otros grupos empresariales, también influyentes y agremiados, como los transportistas, satisfechos partícipes de su propia regulación por medio de representantes en los organismos encargados de ejercerla. A los demás nos toca pagar la tarifa completa, en el bus y en el Ministerio de Hacienda.