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Pérdida de confianza en el CTP

Actualizado el 24 de abril de 2014 a las 12:00 am

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Pérdida de confianza en el CTP

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Esta contundente frase no puede pasar desapercibida: “No le confiamos ya nada al Consejo de Transporte Público (CTP). Todo lo aprueban, tal y como lo pidan los empresarios. ‘Que no quiero dos buses, que quiero cinco’, y se lo cumplen”.

Las palabras son de Carolina Mora, vocera de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), entidad que se ha enfrentado al CTP por su permisividad con los autobuseros, y por no exigir estudios técnicos y sobre la calidad del servicio al renovar los permisos de concesión de rutas.

Esas concesiones se renuevan por siete años y, en este caso, el CTP no se complica la vida: a ninguno le aplica los estudios técnicos que requiere la Aresep para conocer cuáles son las condiciones en que se presta el servicio o si hay factores como exceso de unidades, que, al final, encarecen el costo al usuario.

Para el CTP, esos estudios solo se aplican para rutas nuevas, no para renovaciones. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que a un autobusero que quiere seguir en el negocio por siete años más no se le evalúa cada uno de los costos que carga al pasajero?

Con esta práctica, el CTP pierde el norte de su misión, que es velar por la satisfacción del usuario, no solo para que viaje en buses cómodos, limpios y seguros, sino también con una tarifa técnicamente justificada.

No solo la Aresep no confía ya en el CTP. La Defensoría de los Habitantes lo cuestiona por su tolerancia, y le dijo que, al no requerir estudios técnicos para renovar las concesiones, “está agarrando el desastre que tenemos en nuestras vías públicas y formalizándolo por siete años más. Hay razones que no entendemos por las que el CTP no toma decisiones correctas”.

Si la Aresep y la Defensoría, que también deben velar por el usuario, tienen desconfianza, es momento de que el CTP sea puesto en la mira como lo ofreció el Partido Acción Ciudadana en su plan de gobierno.

En ese programa, Luis Guillermo Solís se comprometió a gestionar el “cierre” de esta entidad por su ineficacia para resguardar la calidad del servicio que prestan 12.500 concesionarios de taxis y 600 de buses.

Quizás no sea necesario cerrarlo, pero sí urge que el nuevo Gobierno entre con motosierra para cortar de raíz sus males y desconfiar en la mesa servida de 148 concesiones de buses que quedaron solo para que la administración del PAC les ponga la firma para otros siete años.

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Armando Mayorga

amayorga@nacion.com

Jefe de Redacción

Ingresó a La Nación en 1986. En 1990 pasó a coordinar la sección Nacionales y en 1995 asumió una jefatura de información; desde 2010 es jefe de Redacción. Estudió en la UCR; en la U Latina obtuvo el bachillerato y en la Universidad de Barcelona, España, ...

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