Pensiones de lujo... golazos millonarios

¿Cómo llegamos a esta irracionalidad de ¢16 millones para un exfuncionario que hizo un trabajo como cualquier otro; de ¢11 millones para un sindicalista que sermoneaba con comunismo y equidad; de ¢11 millones para una embajadora más; de ¢6 millones para diputados sin gloria; de ¢6 millones para un juez que fue magistrado solo siete meses; de ¢4 millones para un jefe policial del OIJ...?

Esta exageración de pagos retrata el Estado de privilegios concebidos para unos pocos y la diferencia de clases de pensionados que se ha creado con respecto a los simples mortales acogidos a la CCSS, que si acaso pueden soñar con ¢1,4 millones.

Estos abismos devalúan el “pobre” Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, tanto, que 4.000 educadores quieren fugarse a uno mejor, el del Magisterio, porque paga con privilegios.

Esa irracionalidad abre brechas sociales y legitima la injusticia, porque estos jubilados jamás, jamás, cotizaron para percibir tantísimos millones, como dijo el ministro Helio Fallas.

Por ejemplo, los 170 exdiputados con pensiones hasta de ¢6,4 millones nos cuestan ¢12.000 millones al año; los 1.745 exfuncionarios que reciben más de ¢2,6 millones se comen ¢106.000 millones; los educadores que se jubilan con 80% del salario, y no con el 60% de la Caja, significan ¢64.000 millones; los funcionarios del Poder Judicial, que se van a la casa a los 55 años con un monto casi idéntico a su último salario, obligaron a aumentar el presupuesto de ese poder en 9%, en vez de 6%.

Estos privilegios tienen responsables: Liberación Nacional y Unidad Social Cristiana. Esos partidos aportaron sus votos, toleraron y se beneficiaron de los privilegios que crearon.

Pero también hay un tercer responsable: los magistrados, que han consentido el régimen de pensiones del Poder Judicial y han sido poco beligerantes para poner coto al derroche.

Lo cierto es que el erario ya no aguanta tantos golazos y, por más que este Gobierno quiera, no hay portero que los pare. Desgraciadamente, estos golazos fueron fina y legalmente calculados para beneficio particular, sin pensar en el bien nacional.