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Pensiones judiciales

Actualizado el 01 de junio de 2014 a las 12:00 am

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Según la Superintendencia de Pensiones (Supén), el régimen de jubilaciones del Poder Judicial es insostenible. Sugiere liquidarlo, cargar el costo de sus 3.648 beneficiarios al Presupuesto Nacional y trasladar a los funcionarios activos al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM). Según la Corte, el sistema especial goza de buena salud, su administración es transparente y, con algunos ajustes, puede sostenerse por sus propios medios.

La Supén lleva ventaja en el debate, primero porque es un órgano técnico especializado, sin intereses más allá de prevenir un desastre. Los magistrados y otros funcionarios de la Corte son parte interesada. Además, la Supén plantea un escenario dramático, basado en cifras no disputadas por la Corte. La utilidad del régimen cayó un 23% entre el 2012 y el 2013. Los ingresos aumentaron un 11% el año pasado, pero los gastos crecieron un 30%. El dinero disponible para pagar pensiones es cada vez menos y los jubilados aumentan un 5% anual.

Cuando los magistrados hablan de un régimen capaz de sostenerse por sus propios medios, omiten señalar que la contabilidad incluye un generoso y creciente aporte patronal. El patrono, claro está, es el pueblo de Costa Rica, que se jubila a los 65 años, con beneficios significativamente menores a los concedidos por el Poder Judicial a funcionarios diez o quince años más jóvenes.

Los beneficios del IVM tienen un tope, no importa cuánta sea la contribución real del beneficiario. La diferencia se considera el cumplimiento de un deber de solidaridad con los menos afortunados. El límite no rige para los empleados judiciales, cuyas pensiones llegan a alcanzar el 100% del salario.

Los magistrados no explican por qué están exentos del deber de solidaridad ni por qué los funcionarios de la Corte tienen derecho a pensionarse más jóvenes. ¿Qué los hace diferentes a sus conciudadanos, de quienes, más bien, se esperan crecientes aportes para mantener los privilegios a tan selecto grupo?

Aun así, la Supén cuestiona la salud del régimen y advierte que el costo de los pensionados actuales representaría un 3,6% del producto interno bruto. Si la Supén tiene razón, esa sería la consecuencia del traspié para la economía nacional. Si la Corte se equivoca, no le pasa nada.

Otro gallo cantaría, si la garantía estatal se limitara, en caso de crisis, a la obligación de aplicar el reglamento del IVM a los beneficiarios del fondo judicial. En ese escenario, la confianza de la Corte en el régimen correría por su cuenta y riesgo, y ganaría mucha credibilidad. Si las cosas salen mal, lo peor que les podría pasar a los funcionarios judiciales es recibir el trato de todos los demás.

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Armando González R.

agonzalez@nacion.com

Editor General Grupo Nación

Laboró en la revista Rumbo, La Nación y Al Día, del cual fue director cinco años. Regresó a La Nación en el 2002 para ocupar la jefatura de redacción. En el 2014 asumió la Edición General de GN Medios y la Dirección de La Nación. Abogado de la Universidad ...

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