Opinión

‘Panama Papers’

Actualizado el 17 de abril de 2016 a las 12:00 am

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‘Panama Papers’

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En las 48 páginas de su edición especial del 4 de abril, el Semanario Universidad dedica un párrafo a decir que la “mayoría” de las gestiones reflejadas en los Panama Papers son legales. Acto seguido, afirma que, “vistas en conjunto”, retratan “una conducta social, una cultura” y sirven para explicar la evasión y la elusión fiscal. Nadie se salva.

Con esa coartada, el resto de la edición se dedica a informar sobre casos concretos, sin preocuparse por señalar las razones para convertir a cada uno en partícipe del “fenómeno” cultural mencionado.

Los ejemplos son muchos, pero basta con señalar el de una cadena de supermercados que funda una sociedad en Panamá para instalarse allí. La sociedad ni siquiera califica como offshore porque tiene el propósito de ejercer el comercio en el país vecino. Según la definición publicada por el propio Semanario, las offshore “son empresas que se registran en un territorio en el que no desarrollan ninguna actividad económica”.

Si la empresa creada en Panamá es legal y ni siquiera tiene el carácter de offshore, ¿por qué figura como uno de los elementos tomados en cuenta para entender el “fenómeno cultural y social” de la evasión? Eso lo debió explicar el Semanario. En ausencia de la explicación, debió omitir toda referencia al caso, porque no pertenece al conjunto o, cuando menos, el Semanario no tiene elementos para demostrarlo. El periodismo no es un medio para difundir sospechas o prejuicios.

El Semanario presenta el trabajo de los Panama Papers como una investigación, pero no investigó nada. Ni siquiera lo suficiente para saber que, en varios casos, las empresas citadas no calzan en su propia definición de offshore. Se limitó a revisar los documentos filtrados a un periódico alemán en busca de nombres locales y los publicó todos con la excusa de evidenciar una “cultura”.

Tuvo los documentos en sus manos durante cinco meses pero, según confesó, esperó hasta el jueves, poco antes de cerrar la edición, para ofrecer a los afectados la oportunidad de explicarse. Para entonces, el material estaba redactado, exclusivamente con base en los papeles filtrados, salvo que los nueve periodistas nombrados en los créditos esperaran, inexplicablemente, hasta el último minuto para armar las 48 páginas. Poco importaba la versión de los aludidos.

La petición de explicaciones se hizo por correo electrónico, sin confirmar la recepción ni intentar un contacto por otra vía. Si alguien no lo vio a tiempo, ¡salado! Poco después de la publicación, los rectores llamaron a castigar los casos “que fueren comprobados” para restablecer “las justicia mancillada”. ¿No sería bueno rectificar en los casos no comprobados para lograr el mismo objetivo y, de paso, sopesar la calidad del Semanario?

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Armando González R.

agonzalez@nacion.com

Editor General Grupo Nación

Laboró en la revista Rumbo, La Nación y Al Día, del cual fue director cinco años. Regresó a La Nación en el 2002 para ocupar la jefatura de redacción. En el 2014 asumió la Edición General de GN Medios y la Dirección de La Nación. Abogado de la Universidad ...

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