La alianza opositora hizo a un lado su propuesta de regla fiscal para adoptar la del gobierno. El Frente Amplio elogia la iniciativa de la liberacionista Sandra Piszk para ordenar las remuneraciones en el sector público.
El camino está allanado, si no para solucionar el problema de los disparadores del gasto, sí para avanzar en la dirección correcta.
Es hora de medir la sinceridad de la administración del presidente Luis Guillermo Solís y sus aliados. Lo sucedido hasta ahora abona el terreno para el escepticismo, pero en él también anida la esperanza de un momento de responsabilidad y coherencia. Puede ser tan efímero como un relámpago, pero podría bastar para evitar la catástrofe anunciada, con acierto, por el mandatario.
La oposición también se manifiesta proclive a apoyar los proyectos contra el fraude fiscal. En buena hora. Por supuesto, no servirán para recaudar un 8% del PIB, como indicaría el estudio tantas veces citado por el gobierno. La verdad la dice el propio Ministerio de Hacienda cuando calcula los ingresos esperados con la aprobación de cada proyecto de ley planteado a la Asamblea Legislativa.
Las iniciativas contra el fraude, el contrabando y las exoneraciones rendirán, en conjunto, un 0,45% del PIB, dicen los técnicos del gobierno. Ojalá sea más y ojalá la administración aproveche la coyuntura para negociar con los opositores la más expedita aprobación de la reforma. Los ingresos esperados cierran una doceava parte de la brecha fiscal, pero eso es importante y, quizá, con el tiempo, la lucha contra la evasión rinda mayores beneficios.
Sin tocar las insostenibles remuneraciones del empleo público, el gobierno espera recaudar un 2,96% del PIB con la aprobación de todos sus proyectos. Está a punto de lograrlo si actuó con sinceridad a la hora de proponer la regla fiscal y si sigue la pauta de sus aliados del Frente Amplio en cuanto al proyecto de Piszk.
Está, pues, a punto de llevar a cero el déficit primario (3,1% del PIB en el 2015). Así cumplirá, sin aprobarla, la regla fiscal propuesta inicialmente por la oposición, cuyo objetivo coincide de pleno con la meta fijada por Hacienda en conversaciones celebradas con los organismos financieros internacionales en el 2014.
Ese resultado demostrará la falsedad de las afirmaciones sobre el despido de 55.000 empleados públicos, la mitad de ellos maestros, si el déficit primario llega a cero, como de todas formas lo pretendía Hacienda en el 2014, pero bien vale la pena pasar esa vergüenza para resolver un problema tan trascendental, y no sería la primera vez.