Opinión

Oportunidad desperdiciada

Actualizado el 31 de octubre de 2015 a las 12:00 am

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Una de las principales razones de Patria Justa para convocar la huelga fue la defensa de los incentivos salariales de los empleados públicos, asunto fundamental para los sindicatos, dada la extraordinaria suma de dinero que representa.

Pero, por esta misma razón, también debería ser un tema esencial para el gobierno, como parte de la solución al problema fiscal.

Los incentivos salariales suman un poco más de un billón de colones anuales, solo en el Gobierno Central. Estamos hablando del aguinaldo y el salario escolar, los bonos por antigüedad y dedicación exclusiva, y “otros incentivos”. Este último rubro se ha duplicado en los últimos seis años, y equivale ya a cuatro meses y medio de los salarios base. Los “otros incentivos” son la nada despreciable suma de ¢378.000 millones, los cuales representan un plus promedio de casi ¢3 millones anuales para cada uno de estos empleados.

Encima, hay que sumar los pluses incluidos en las convenciones colectivas de las instituciones autónomas, cuyos montos pueden duplicar los del Gobierno Central.

Dos resoluciones recientes daban esperanza de establecer algún tipo de límite al crecimiento de tales privilegios. Una resolución de la Aresep le impidió a Recope incluir en el aumento de los precios de combustibles algunos incentivos provenientes de la convención colectiva. De esa manera, la Aresep obliga a los jerarcas de las instituciones autónomas a pensarlo dos veces antes de aprobar nuevos privilegios para sus empleados. ¿De dónde van a sacar la plata para pagarlos?

Los abogados del Ministerio de Trabajo, por su parte, basándose en resoluciones judiciales, concluyeron que las convenciones colectivas pierden su vigencia una vez vencidas. La información sirve de apoyo para aquellos jerarcas del sector público que quieran poner coto a los incentivos, para que no sigan creciendo a perpetuidad.

Pero ahora viene el gobierno y se compromete con Patria Justa a revisar ambas resoluciones, y de “utilizar las herramientas legales pertinentes” para revertir las resoluciones emitidas. Esto, a pesar de la pírrica demostración de fuerza de los sindicatos en la huelga.

El gobierno desaprovecha una oportunidad de oro para, más bien, reforzar los criterios técnicos de la Aresep y del Ministerio de Trabajo, y con ello poner límite a los pluses salariales en el sector público.

Parece ser que el gobierno quiere que los costarricenses sigamos pagando los privilegios con más impuestos y tarifas de servicios públicos caras.

(*) Luis Mesalles obtuvo su doctorado y maestría de Economía en The Ohio State University y su bachillerato en Economía en la Universidad de Costa Rica. Actualmente, es socio consultor de Ecoanálisis y gerente de La Yema Dorada. Participa en varias juntas directivas. Anteriormente, fue vicepresidente de la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica, presidente de Academia de Centroamérica, profesor en la Universidad de Costa Rica y en la Universidad Stvdium Generale.

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Luis Mesalles

Obtuvo su doctorado y maestría de Economía en The Ohio State University y su bachillerato en Economía en la Universidad de Costa Rica. Actualmente, es socio-consultor de Ecoanálisis y gerente de La Yema Dorada.

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