No cabe duda, el TSE y este columnista sufrimos esta semana la misma pesadilla. Mi turno fue el lunes y la escribo como la soñé. Estaba frente a la etérea lámina de luz que servía de pantalla a mi nanocomputadora, leyendo, en la edición digital en castellano del diario El Independiente de Cataluña, del 18 de setiembre del 2029, el siguiente despacho enviado por el corresponsal destacado en San José:
“Celebró Costa Rica al CCVIII aniversario de su independencia sumergida en un marasmo cívico causado por el impasse político más prolongado de su historia. En realidad, la mayoría de la población de este país centroamericano muestra tanto desinterés en la política que ignora hasta el nombre de quien ocupa el cargo cada vez menos relevante de presidente de la República y, en cuanto al poder legislativo, un ciudadano común recita la lista de los equipos de fútbol de las tres divisiones superiores con más facilidad que la de los partidos representados en el Parlamento. Se admite que, para alcanzar alguna cobertura mediática, los diputados tienen que figurar en anuncios publicitarios de alimentos, cosméticos o mariguana medicinal.
”Se ha llegado a esta situación gracias a la letargia institucional producida por las repetidas prórrogas del período del que disponía la Asamblea Constituyente elegida en agosto del 2020 para aprobar una nueva Constitución que debería haber entrado a regir en setiembre del 2021, con motivo de la conmemoración del bicentenario de la independencia. Estas prórrogas fueron acordadas –de una manera que algunos tachan de inconstitucional– por la Corte Suprema de Justicia, por una razón que en cualquier país menos serio ya habría sido calificada de risible: los procedimientos de la Constituyente han avanzado con lentitud cósmica a causa de una cláusula incluida en su propia convocatoria, según la cual el nuevo texto no podrá contemplar ningún retroceso en materia de garantías y derechos ciudadanos.
”A resultas de ello, ha sido frecuente la suspensión de sesiones de la Constituyente mientras se consulta, ante la Sala Constitucional (Sala IV), si una iniciativa dada no contravendría la 'cláusula de no retroceso'. En promedio, la Sala IV se ha tomado cuatro meses para resolver cada una de las consultas, pero no se sabe cuánto tardará en resolverse la más reciente, que se refiere a la propuesta de suprimir la misma Sala IV y, por obvias razones jurisdiccionales, irá en alzada al Tribunal Constitucional Alemán de Karlsruhe”.
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