Los ajustes de cuentas son parte de nuestra “nueva normalidad”. Casi todos los días un comando de sicarios asesina a una o dos personas, la mayoría de ellos con amplio historial delictivo a su vez. Usualmente, las rocían con decenas de balazos o las torturan y mutilan. Además, vacían sus cargadores sin que les importe llevarse también en la tira a gente inocente, ni que los reconozcan: a veces se alejan muy orondos del lugar de los hechos.
El motivo principal de los ajusticiamientos son los líos por drogas: robos de cargamentos, disputas por el control de un territorio, alguien se pasó de listo con un capo. No es el único motivo, sin embargo, como lo demuestra el caso de los hermanos libaneses supuestamente ligados a actividades extorsivas.
Mucha gente se encoge de hombros ante este río de sangre. He leído y oído comentarios al estilo de: “¡Qué importa! Son “bichos” matando a “bichos”. “Mientras que al final del día haya un par menos en la calle, a mí qué, que se maten entre ellos”.
Fatal error: cada ajuste de cuentas suma no solo más víctimas, sino que multiplica la oferta de sicarios. Aquí, como siempre, la demanda jala a la oferta: si cada vez se necesitan más los servicios de pistoleros, más gente “estudia” para ese oficio. Y quien controle a los sicarios habrá acumulado mucho poder fáctico para promover sus intereses, incluyendo la penetración de instituciones públicas y gobiernos. Veamos, si no, lo que pasa en otros países de nuestra región.
Los ajustes de cuentas son, también, una manera de “orinar” el territorio. Quien asesina dice: “Aquí mando yo y hago como quiera”. Procura sustituir no solo a otras bandas, sino, peor aún, a la autoridad pública. En los países del norte, una vez que controlan una zona, las bandas se dedican a la extorsión de hogares y empresas.
El rostro de la violencia delictiva cambió rapidísimamente en el último quinquenio. Hoy hay más bandas criminales, con organizaciones mucho más desarrolladas que antes. Eso lo saben nuestras autoridades del Ministerio de Seguridad y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Sería absolutamente desafortunado que, al calor de la campaña electoral, el tema se trivialice y nos quedemos con llamados genéricos a la “mano dura”, de pésimos resultados en todos los países.
Creo que los partidos están obligados no solo a debatir con seriedad este tema, sino a perfilar una política de Estado que el próximo gobierno (y los que sigan) ejecuten.