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Monopolio

Actualizado el 02 de noviembre de 2014 a las 12:00 am

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En los argumentos esgrimidos contra la concesión portuaria de Limón hay una extraordinaria ironía. La queja más reciente se centra en la inconveniencia de crear un “monopolio”, pero mana de los sindicatos de Japdeva, proveedora única de servicios portuarios en el Atlántico desde hace más de cinco décadas. Ese monopolio ha contribuido decisivamente a ubicar a los puertos del país en el puesto 141 entre 144 naciones evaluadas por el índice “Doing Business” del Banco Mundial.

Según los términos del contrato, APM explotará la concesión durante 30 años, un periodo mucho menor que el del monopolio disfrutado por Japdeva hasta ahora. En ese plazo, la empresa recuperará su inversión y obtendrá una ganancia, pero la infraestructura será siempre de Costa Rica.

El país no tiene los recursos necesarios para construir el megapuerto y tampoco es factible expandir las instalaciones existentes para atender los enormes buques incorporados a la flotilla internacional tras la ampliación del Canal de Panamá. Los barcos conocidos como Panamax y post-Panamax ni siquiera podrán acercarse a nuestras costas mientras no existan las instalaciones contratadas con APM. Si la empresa no se hace cargo de las operaciones, Costa Rica se ausentará de un lucrativo negocio, capaz de contribuir significativamente con el desarrollo de Limón.

La nueva terminal tendrá exclusividad en el manejo de buques especializados para transportar contenedores, pero los de carga mixta, aunque incluyan contenedores, serán atendidos en Moín, como siempre. Limón atraerá turismo, especializándose en la recepción de cruceros.

El 7,5% de la facturación de APM se le girará a Japdeva para impulsar el desarrollo de la zona. La tarea le fue confiada a la institución hace 50 años, pero apenas ha logrado hacerla con cuentagotas. Cuando termina de pagar privilegios salariales y otras ineficiencias, apenas queda dinero para invertir en la comunidad. Ese remanente palidece frente a los impuestos que pagará la nueva operación portuaria, aparte del 7,5% destinado a Japdeva.

El argumento contra el monopolio, en boca de quienes con tan poco éxito lo ejercieron durante el último medio siglo, suena hueco. Es un recurso de última hora, luego del fracaso de cuanta acción legal se halló disponible, incluyendo las gestiones supuestamente encaminadas a proteger el ambiente.

El “monopolio” de APM no le impide al puerto vecino trasegar contenedores, está sujeto a tarifas prefijadas, dura 30 años y exige una inversión que el país no es capaz de desembolsar. Pagará impuestos y, como si fuera poco, compartirá parte de su facturación con Japdeva. Suena a progreso.

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Armando González R.

agonzalez@nacion.com

Editor General Grupo Nación

Laboró en la revista Rumbo, La Nación y Al Día, del cual fue director cinco años. Regresó a La Nación en el 2002 para ocupar la jefatura de redacción. En el 2014 asumió la Edición General de GN Medios y la Dirección de La Nación. Abogado de la Universidad ...

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