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Actualizado el 24 de junio de 2017 a las 10:00 pm

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El Reglamento sobre primeras diligencias en accidentes de tránsito menor, (2016) si bien es una buena idea, puede convertirse en una pesadilla para quien lo use. Su objetivo era facilitar la movilización de vehículos y quitar obstáculos en las congestionadas calles brindando a las partes un mecanismo de acuerdo expedito (DAM) en casos de un accidente menor.

Con cinco artículos, se trataba de evitar la pérdida de tiempo de los involucrados, autoridades policiales y personal de las aseguradoras, y descongestionar los tribunales de tránsito. Esto no se logró por las reglas establecidas por las aseguradoras.

Para la validez del DAM, varias aseguradoras exigen esperar al representante de la aseguradora (20 minutos), que este mecanismo se use solo entre las 6 a. m. y las 8 p. m., y en el portal del INS toda apunta (aunque es poco claro) que también se debe llamar al oficial de tránsito (paso 8).

Para las aseguradoras, el “podrán tomar videos y fotografías” del artículo 4 se convierte en una obligación mínima de tomar al menos cinco (con especificaciones) y una de estas obliga el envío de la prueba en el término de 12 horas.

El INS alerta clara y directamente que sin videos y sin fotografías no se use el DAM, lo cual tiene sentido si no fuera por la obligación de llamar al inspector de la aseguradora y al oficial de tránsito. Con una interpretación literal, parece perderse la oportunidad del DAM, pese a la presencia de dos autoridades. Absurdo.

Si no porta un formulario DAM en su carro, obténgalo, pues es obligatoria su portación, empero, viendo la resistencia de las aseguradoras y las diferentes reglas e interpretaciones, aun con su uso se expone al usuario a que el seguro no pague.

Otra razón para considerar su uso es, si una de las partes no reconoce el acuerdo, dice tener y luego resulta que no cuenta con póliza, el asegurador o el responsable no paga. En lugar de recurrir a los tribunales de tránsito se tendrá que ir a la vía ordinaria (proceso más prolongado y caro) por no contar con un parte de un oficial de tránsito.

¿Por qué no funciona este sistema como en otros países? ¿Será porque se presume la mala fe de los conductores pese a las responsabilidades penales por estafa de seguro? O, peor aún, ¿no se cree en el sistema? Sea cual sea la razón, pareciera que una buena idea quedó en el vacío por reglas de las aseguradoras.

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