El aumento desproporcionado del marchamo –del cual el 69,5% es impuesto al ruedo– tiene al país en armas. Y no es para menos, algunas personas han visto el cobro dispararse hasta en un 30%. El sentido común dicta que cada año los vehículos se deprecian –la regla dice que un 10%–. ¿Cómo es posible, entonces, que los conductores deban pagar más por un derecho de circulación que se calcula sobre el valor del carro?
La respuesta es sencilla: estamos ante un aumento solapado de impuestos. Para ello, el Ministerio de Hacienda recurrió a una jugarreta cuádruple. Primero, aumentó en un 6%, en promedio, el valor fiscal de los modelos del 2002 al 2015. El ajuste, según Tributación Directa, se realizó con base en un sondeo de precios de mercado de varios vehículos. Pero he ahí el truco: en lugar de utilizar el precio de transacción, es decir, el valor real de venta, Hacienda usó el precio solicitado de venta, que no incluye las rebajas que se estilan en estos casos. De esta manera aumentaron el monto gravable.
Segundo, al revalorizar los vehículos, muchos pasaron a un tramo de cobro superior y, por ende, vieron aumentar su tasa impositiva. O sea, el monto del impuesto no solo subió porque el bien gravado vale más, sino también porque la tasa es ahora mayor.
Tercero, el alza en el valor de los vehículos neutralizó la depreciación del 10% anual. Finalmente, aduciendo que en el último año hubo deflación (apenas del -0,86%), Tributación también bajó en un 9,75% el monto del valor del automóvil que se exonera del tributo.
De tal forma, el fisco estaría recibiendo ¢148.200 millones por el impuesto al ruedo, 14,1% más que el año pasado, a pesar de que la cantidad de vehículos aumentó solo en un 6,7%.
Se supone que el 50% de la recaudación de este gravamen se destina al Conavi para reparación de vías. La eficiencia del gasto se evidencia en la posición 115 de 140 países que ostentamos en el apartado de “calidad de las carreteras” del índice de competitividad mundial, donde estamos peor calificados que Chad y Malí. El restante 50% va a alimentar al Leviatán y a sus 326 instituciones públicas.
¿Cuál es la moraleja de todo esto? No se le pueden dar poderes discrecionales a Tributación. Así como manipuló arbitrariamente el valor de los automóviles, igualmente puede abusar de otras atribuciones como los embargos administrativos y la eliminación del secreto bancario que este gobierno pretende y que, actualmente, se encuentran en discusión en la Asamblea Legislativa.
Juan Carlos Hidalgo es analista sobre América Latina en el Cato Institute con sede en Washington. Cuenta con un BA en Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional y una maestría en Comercio y Política Pública Internacional del George Mason University.
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