En Costa Rica ocurre lo contrario: por mantener un modelo de inversión y generación eléctrica cada vez más disfuncional, y precios del arroz artificialmente altos por decreto, nuestra competitividad, costos y nivel de vida sufren efectos negativos.
Dos hechos recientes lo han puesto nuevamente de manifiesto. Hace una semana, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz solicitó dos incrementos consecutivos para sus 540.000 abonados, de 26,6% para el segundo semestre y 13,75% para el 2018. Su móvil explícito: “Resolver el faltante de recursos proyectado”. Su imperativo real: cargar a los usuarios la mala gestión y peores inversiones acumuladas por años.
El miércoles, mediante un cambio al reglamento que fija los precios del arroz, el gobierno prohibió que se den regalías en sus ventas. De nuevo, el perjuicio será para los consumidores, pero también para la libertad de comercio que nos rige constitucionalmente. La decisión, además, es reflejo de una política de aranceles y controles destinada a que los consumidores paguen más para subsidiar mayormente a empresarios con gran capacidad financiera que se aferran al cultivo no por ser competitivos, sino porque el Estado bloquea la competencia.
El esquema del arroz ha sido criticado por la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), la Organización Mundial del Comercio (OMC) y múltiples economistas sensatos. Pero esto es secundario frente a la antilógica de fondo: empeñarnos en que millones de personas subsidien a un puñado de productores y, de paso, se distorsione totalmente el sistema de precios de la agricultura, para mal de ella. Las reformas de este sistema y del esquema centralizado y masivo de generación eléctrica son cada vez más urgentes.
(*) Eduardo Ulibarri es periodista, profesor universitario y diplomático. Consultor en análisis sociopolítico y estrategias de comunicación. Exembajador de Costa Rica ante las Naciones Unidas (2010-2014).
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